Por Héctor Tapia
La característica de este gobierno estatal ha sido la de tratar de poner orden, pero, si bien ha tenido avances, tiene todavía varias deudas también importantes con los michoacanos.
Luego de la desastrosa administración estatal pasada, que ganó constitucionalmente Fausto Vallejo Figueroa, por el PRI, y que concluyó el ex rector Salvador jara Guerrero, cualquier intento de poner orden sería francamente notable.
La administración estatal venía en un franco declive hace cinco años, esto en varios rubros, como seguridad, salud, educación, y finanzas. Particularmente los dos primeros.
Aún así hay que reconocerle a Silvano Aureoles los avances que tuvo en materia de salud como en seguridad, esto si se hace el comparativo respecto al gobierno pasado; creo que por eso en su último informe hizo énfasis en este comparativo, para referir los aspectos donde hay un cambio considerable entre una y otra administración.
En materia de seguridad pública ciertamente hubo un avance considerable, si tomamos en cuenta la inversión que hubo para la contratación, preparación y equipamiento de personal para seguridad pública; insisto si tomamos en cuenta las circunstancias de Seguridad Pública del Estado, aspecto que favoreció en su momento la gestación de las llamadas autodefensas.
En materia de salud, cierto, hubo inversión en algunas áreas o aspectos específicos, como remodelación de centros de salud, o incremento de salario de personal médico. Y en el gobierno pasado, o anteriores, se registraron desvíos de los recursos para esta área para destinarlos a otros aspectos. Aún no clarificado del todo.
Sí, hubo avances. Se tienen que reconocer. Pero a su vez hay áreas importantes donde quedan pendientes igual de relevantes. Ni está “tan peor” el estado como hace cinco años, ni está “tan bien” como algunos quieren hacerlo ver. Sin embargo, hay posturas que ha tenido y que llevan a entrever que la situación sí podría complicarse un poco más para los michoacanos, en general.
Si bien en aspectos generales pareciera que no hay mucho que cuestionar, los aspectos cuestionables son puntos finos que si se observan a detalle pueden cambiar toda una lectura. Como cuando se cambia o se omite una coma en un texto.
En Seguridad, por ejemplo, hay pendientes importantes, y que reflejan posturas políticas y sociales relevantes; sí, apostó al equipamiento e incremento de personal. Es un paso. Pero, recordemos Arantepacua. En ese caso no hubo ni disculpas por los muertos que resultaron en esa confrontación entre policías y población. Él no jaló el gatillo, pero no hubo sensibilidad para reconocer que algo falló y fincar responsabilidades.
Sin embargo, aun con los avances, que se reconocen, hay importantes áreas donde hay deudas igualmente significativas, particularmente la priorización del gasto, la transparencia, la rendición de cuentas, y la postura política frente a otros poderes.
En priorización del gasto durante los cinco años que han transcurrido el gasto en comunicación social ha crecido de manera considerable sin que haya transparencia total sobre el ejercicio de esos recursos; los portales del gobierno estatal no los reflejan a detalle. Esto va ligado con el tema de transparencia y rendición de cuentas.
En la última solicitud o planteamiento para deuda de 4 mil 90 millones de pesos, en lo presentado ante el Congreso, que fue llevado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la forma en que se dio el planteamiento y aprobación, sólo se señalaba que era para destinar a infraestructura, pero no detallaba en qué, las características; es decir, el margen era peligrosamente amplio para interpretar cualquier cosa.
En tanto que en las posturas políticas hay que remarcar que el Congreso del Estado ha sido, prácticamente, o cuando menos por mayorías, en ventanilla de trámite del Ejecutivo, oficialía de partes, donde se ha dado desahogo a los temas que les interesan desde Casa de Gobierno, pasando por encima de la autonomía del Legislativo Michoacano. En varios temas han encontrado renuencias y los han detenido, pero hasta ahí. El Ejecutivo Estatal no respeta la autonomía ni separación de Poderes, y condiciona, o presiona, a su vez a municipios para plegarse a su política.
Adicionalmente, hay una creciente confrontación desde el estado hacia la federación. Los pataleos y exigencias por recursos son permanentes. Dicen desde Michoacán, no es algo que no corresponda, dicen desde la federación, es una afectación que tienen todos. ¿Intransigencia, uso político electoral, de quién?
Silvano Aureoles está entrando en su último año de gobierno, un año que por sus características no será de destaque administrativo, sino es netamente político electoral.
Lo cierto es que en Michoacán el PRD se juega su permanencia. Y en radio pasillo, además, se maneja la eventual salida anticipada del gobernador para ir a otra posición política para seguir figurando y encaminándose para el 2024. Entonces, a partir de las evidentes diferencias con la federación, es sacar la mayor raja política posible a ello para posicionar lo más posible un proyecto, una marca; que cabe señalar, está por el suelo. En percepción, la actual administración estatal oscila entre los últimos tres lugares de aceptación de todo el país. Esto con una marca creciente que es Morena que apunta a ganar Michoacán.
A partir de esto último es que el tufo de las decisiones de Silvano son más electoreras que en beneficio del estado. El intento de rescatar un proyecto que está al borde del naufragio que no está, por ahora, teniendo tanto efecto.
Es el último año para el gobierno michoacano. Será un año cargado de decisiones político electorales, ya no tanto administrativas. Veremos cuáles serán los impactos de estas determinaciones no sólo en la boleta para el proyecto del gobernador, sino también, en terrenos prácticos, para la siguiente administración estatal; por ejemplo, si hubiera un nuevo intento de endeudamiento s.
