Por Oscar Guerrero / Metapolítica
El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, no ha definido si emitirá una disculpa pública por las cuatro ejecuciones extrajudiciales, 10 casos de tortura y 56 allanamientos ilegales que derivaron de un conflicto agrario registrado en 2017 entre comuneros de Arantepacua y Capácuaro, donde elementos de la Policía Michoacán tuvieron participación.
Esto luego de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) girara recomendaciones para que el mandatario, así como el ex secretario de Gobierno y ahora titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Adrián López Solís, respondan a una disculpa pública por los hechos ocurridos en Arantepacua.
“Se van a acatar las recomendaciones y está en proceso esa tarea, esa responsabilidad”, señaló el gobernador ante cuestionamientos de la prensa.
La misma situación se produjo con el titular de la FGE, Adrián López Solís, quien se limitó a externar que la carpeta de investigación del caso sigue abierta y que se responderá a las recomendaciones que giró la CNDH.
“Estamos preparando la contestación, les adelanto desde ahora y a reserva de precisar los detalles de esa contestación, estaremos aceptando la recomendación, es una situación de carácter institucional y obligada para la tarea de investigar el hecho”, dijo Adrián López.
Agregó que, “es una carpeta de investigación que sigue abierta, habrá que trabajarla con el debido cuidado y con toda la apertura para quienes tienen el derecho de coadyuvar y de conocer su contenido, para arribar a una conclusión”.
Ante la postura de Aureoles Conejo y López Solís, durante la intervención de la Secretaría Pública en el conflicto agrario referido, “la CNDH acreditó la violación al derecho humano a la vida en agravio de cuatro personas fallecidas; el derecho a la integridad personal de 37 personas lesionadas, incluyendo 8 policías estatales; la vulneración del derecho humano a la libertad, a la seguridad e integridad personal por actos constitutivos de tortura en agravio de las 10 personas detenidas y por los tratos crueles, inhumanos y degradantes infligidos a las 38 personas detenidas”.
Con base en un informe que generó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, también se reconocieron “violaciones al derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad e integridad personales por actos constitutivos de tortura, al derecho de reunión, al interés superior de la niñez y a una vida libre de violencia, en agravio de la comunidad de Arantepacua”.
