Redacción
Morelia, Michoacán, 19 de febrero de 2021. “La corrupción socaba la legitimidad de las instituciones, daña a la sociedad y afecta el desarrollo de nuestros países. Combatirla es responsabilidad del Estado, pero también una tarea de todos nosotros”, señaló el magistrado Rafael Rosales Coria.
Lo anterior, durante la conferencia: “Sistema Estatal Anticorrupción y Responsabilidades Administrativas”, que el magistrado presidente del Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán (TJAM) sustentó en forma virtual, a invitación de la Universidad La Salle Morelia.
Ante esa comunidad académica y público en general, el también doctor en Derecho habló sobre el andamiaje jurídico e institucional construido en los últimos años en México y Michoacán para enfrentar y erradicar un fenómeno que, “dado su alcance, es prácticamente cultural pues está presente en todos nuestros ámbitos”.
Para combatir la corrupción existen Tratados Internacionales a los que el Estado Mexicano se ha adherido; también, un conjunto de reformas constitucionales que, justamente, han dado pie a nuevas normativas de las cuales deriva la creación de un Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y –para el caso local – un Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), que por primera vez determinan las competencias institucionales y materiales para combatir y erradicar este fenómeno.
“El propio Tribunal de Justicia Administrativa es parte de ese andamiaje, al contar, desde hace tres años, con dos Salas Especializadas en Materia Anticorrupción y Responsabilidades Administrativas para sancionar las faltas graves” en este rubro, indicó.
Además, hay particularidades importantes, destacó el magistrado: “el involucramiento de los particulares en hechos de corrupción, que ahora se reconoce y se sanciona”, a diferencia del pasado, cuando sólo se consideraba a los servidores y ex servidores públicos en casos como el peculado, el soborno, el tráfico de influencias y otras faltas.
En otro sentido, el doctor Rosales Coria comentó sobre la importancia de que las entidades públicas, los 113 Municipios y los Órganos Autónomos del Estado de Michoacán, cuenten con Órganos Internos de Control (OIC) para investigar y sustentar los procedimientos de responsabilidades administrativas en contra de servidores y ex servidores públicos que pueden incurrir en actos indebidos.
Eso es un avance; sin embargo, quedan retos por cumplir. Y uno de ellos es la conformación de los OIC en el ámbito municipal. “Las administraciones municipales tienen la obligación de nombrar y dotar a los Órganos Internos de una estructura mínima (tres autoridades: investigadora, substanciadora y resolutora) para ejecutar las disposiciones normativas sobre este combate.
En la práctica, “y muchas veces por falta de recursos económicos y materiales, los OIC municipales carecen de tales estructuras. La mayoría sólo nombra a un contralor municipal, pero es indebido porque la misma autoridad no puede ser juez y parte.
“Y esta carencia redunda en los casos que se presentan ante el Tribunal, pues deben ser rechazados porque resultan improcedentes”, añadió.
Por ello entonces, el presidente del TJAM subrayó la necesidad de que los OIC se integren conforme a la norma, a fin de que los hechos de corrupción puedan ser sancionados de manera efectiva.
