Metapolítica
Morelia, Michoacán.- En México mueren más por COVID-19 hombres pobres, indígenas, sin estudios y que se atienden en el sistema público de salud.
Son algunas de las conclusiones del estudio “Impacto de los determinantes sociales de la COVID-19 en México” elaborado por Alejandro Cortés-Meda, doctorante en Ciencias de la Salud de la UNAM, y Guadalupe Ponciano-Rodríguez, profesora del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la misma universidad.
El análisis, publicado el pasado 4 de mayo, señala que “el COVID-19 ha afectado en gran medida a la población con menor escolaridad: prácticamente la mitad de las muertes se produjeron en personas con un nivel educativo máximo de primaria”.
Y agrega que “los trabajadores manuales y operativos, las amas de casa, los jubilados y pensionados representan el 94% de los decesos, en tanto que el resto corresponde a profesionales, directivos y trabajadores del arte y espectáculos”.
La representación de los pobres de México es “desproporcionadamente grande”, indican los autores, y citan que algunas áreas más afectadas son establecimientos de atención médica, granjas, fábricas, comercio, ambulantaje, transporte público, etc.
“Trabajar en estos ámbitos representa una mayor probabilidad de exposición al SARS -CoV-2, debido a factores como el contacto cercano con el público y otros trabajadores, la imposibilidad de laborar desde casa, no tener licencia por enfermedad y un pobre acceso a servicios de salud. Además habitualmente para cubrir sus necesidades básicas deben trabajar largas jornadas.
“El trabajo en casa, a distancia, ha sido viable para las personas de mayores ingresos, pero no para quienes salir a trabajar es su única forma de subsistir y, que además, al volver a casa se transforman en una fuente de infección para sus familias”, indica.
También sostiene que “en México el 92% de las muertes por COVID-19 se ha producido en una institución pública. El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha reportado el 52% de las muertes durante el primer año de la pandemia, seguido de las unidades médicas de la Secretaría de Salud (SSA) con el 32% y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) con el 8%. En las instituciones médicas privadas solamente ha fallecido el 2%”.
En México el 92% de las muertes por COVID-19 se ha producido en una institución pública. El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha reportado el 52% de las muertes durante el primer año de la pandemia.
El estudio también explica que la población hablante de lengua indígena, que en nuestro país es de alrededor de 7.2 millones de personas, son especialmente vulnerados por la pandemia.
“Algunas razones son la explotación económica que los perpetúa en pobreza y los impulsa a la migración; la marginación social de los sistemas de salud y educación adecuados; la subordinación política y cultural que les impide ejercer sus derechos colectivos como pueblos; y la discriminación”.
Como resultado, la letalidad de la pandemia en la población indígena, de 17.4%, duplica la prevalencia en la población general.
Finalmente, el estudio propone que “las desigualdades en salud son evitables e injustas, es decir, inequidades”.
