Oscar Guerrero/Metapolítica
Morelia, Michoacán.- Ante la omisión y complicidad que dijeron encontrar en el Gobierno de Michoacán y la Fiscalía General del Estado (FGE), las víctimas de Arantepacua solicitaron formalmente que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga el caso, a fin de que dicha instancia deslinde responsabilidades penales por las cuatro ejecuciones, casos de tortura y allanamientos ilegales registrados en esa comunidad los pasados 4 y 5 de abril de 2017, a manos de la Policía Michoacán.
El representante de las víctimas de Arantepacua, Francisco Hernández Cohenete, lamentó que, a cuatro años de que se escribiera una de las páginas más oscuras en la historia de la comunidad, “el Gobierno de Michoacán siga protegiendo a los asesinos que orquestaron el operativo del 5 de abril, y a los elementos que participaron en el mismo”.
Hernández Cohete dijo que, ante la nula respuesta que la comunidad ha encontrado en las autoridades estatales, las víctimas del 5 de abril, a través de su defensa jurídica, representada por el Colectivo Liquidámbar, recurrieron a la Fiscalía General de la República para que haga valer su facultad de atracción del caso.
“El pasado 2 de junio acudimos a la Fiscalía General de la República y solicitamos la facultad de atracción del caso, porque las autoridades locales no sólo han sido omisas, también cómplices, y no nos sorprende porque el entonces secretario de Gobierno, Adrián López Solís, ahora es Fiscal. Se necesitaría ser muy ingenuo para creer que el responsable de la procuración de justicia en el estado vaya a juzgarse a sí mismo, o a su patrón el gobernador Silvano Aureoles”, comentó en entrevista exclusiva con Metapolítica.
La respuesta obtenida en la Fiscalía General de la República no fue la más favorable, ya que el representante de las víctimas de Arantepacua compartió que la institución rechazó hacerse cargo del caso, bajo el argumento de que no existen elementos suficientes para hacer efectiva su intervención.
“¡Vamos a seguir intentando que sean instancias federales las que den continuidad a las investigaciones, no vamos a desistir en nuestra lucha, el pueblo de Arantepacua no se va a quedar callado!”, subrayó para luego señalar que la defensa jurídica de las víctimas insistirá en que la FGR atraiga el caso.
Por si fuera poco, Hernández Cohenete refirió que, aunado a la negativa parcial de la FGR, el Gobierno de Michoacán abrió carpeta de investigación en contra de seis comuneros de Arantepacua, por presuntamente portar armas de fuego en el conflicto del pasado 5 de junio de 2017.
“Insisten en que Arantepacua es una guarida de delincuentes, así lo ha dicho el gobernador (Silvano Aureoles), pero saben que sólo están tratando de proteger a los asesinos que mancharon con sangre la historia de nuestra comunidad”, lamentó.
Silvano ignoró recomendaciones de la CNDH por caso Arantepacua
En otro orden de ideas, el comunero compartió que el gobierno de Silvano Aureoles Conejo no ha respondido por la reparación del daño causado a Arantepacua, pese a que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación dirigida a la administración silvanista, para que los funcionarios implicados aclararan qué pasó el pasado 5 de abril de 2017.
En el informe de la CNDH se “acreditó la violación al derecho humano a la vida en agravio de cuatro personas fallecidas; el derecho a la integridad personal de 37 personas lesionadas, incluyendo 8 policías estatales; la vulneración del derecho humano a la libertad, a la seguridad e integridad personal por actos constitutivos de tortura en agravio de las 10 personas detenidas y por los tratos crueles, inhumanos y degradantes infligidos a las 38 personas detenidas”, durante la intervención que tuvo la SSP en un conflicto agrario entre las comunidades de Capácuaro y Arantepacua, los pasados 4 y 5 de abril de 2017.
Además de acreditar que la Policía Michoacán incidió en ejecuciones extrajudiciales, casos de tortura y allanamientos ilegales, la CNDH recomendó que el gobernador Silvano Aureoles Conejo se disculpara públicamente por los hechos ocurridos, y que tanto la Fiscalía General del Estado como la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), accionaran en torno al caso.
“No contestaron nada, no existió disculpa, no se está investigando el caso en la Fiscalía de Michoacán, y tampoco se ha reparado el daño causado, como lo sugirió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos”, lamentó.
No buscarán cobijo en próximo gobierno
Francisco Hernández dijo que en este momento la comunidad no ha pensado en establecer un acercamiento con el gobernador electo, Alfredo Ramírez Bedolla, para solicitarle intervenir, una vez que releve a Aureoles Conejo en el Ejecutivo estatal.
“No hemos pensado en reunirnos con el gobernador electo, en este momento sólo buscamos que la Fiscalía General de la República atraiga el caso, porque sólo así conseguiremos justicia por nuestras víctimas, directas e indirectas”, comentó.
El representante de las víctimas de Arantepacua sentenció que, con o sin respaldo gubernamental, la comunidad no dejará de exigir cárcel para los funcionarios estatales que dieron luz verde al operativo policial que irrumpió en la comunidad, en franca referencia al gobernador Silvano Aureoles; al entonces secretario de Gobierno y ahora Fiscal General del Estado, Adrián López Solís, y al ex secretario de Seguridad Pública, Juan Bernardo Corona.
