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Abogado de Peña Nieto lavaba dinero para el Cartel de Sinaloa

Metapolítica

Ciudad de México.- El abogado del expresidente Enrique Peña Nieto y de otros poderosos personajes del PRI, Juan Ramón Collado Mocelo, envió 45.9 millones de dólares a la controvertida Banca Privada d’Andorra (BPA) mediante una red de 14 sociedades de papel utilizadas por el Cártel de Sinaloa para lavar dinero en ese paraíso bancario.

De acuerdo con el diario El País, el lavado de dinero de Collado “arrancaba con un ingreso en efectivo en una casa de cambio mexicana” (Tiber, ByB y Eurofimex, y la sociedad fiduciaria Grupo Fidemont), y luego transfería el recurso a una cuenta en la Banca Privada d’Andorra a nombre de una sociedad de papel.

Dice además que dos recibieron contratos de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl mientras Peña Nieto era gobernador del Estado de México.

El gobierno de Peña Nieto desplegó recursos financieros, humanos y materiales para que, refiere, la justicia de Andorra abandonara los cargos contra Collado, amigo cercano de Peña Nieto, y sobre quien recae la sospecha de haber sido testaferro de sus poderosos clientes, entre quienes figuran el expresidente Carlos Salinas de Gortari y su hermano Raúl, así como Carlos Romero Deschamps o Mario Villanueva.

En un nuevo reportaje sobre la relación entre México y BPA –ya reveló los casos del gobernador Alfredo del Mazo Maza, Sylvana Beltrones, Elba Esther Gordillo o el exsenador Heriberto Manuel Galindo Quiñones–, El País filtró las empresas de papel identificadas por la justicia andorrana para lavar el dinero de Collado en un expediente que, según el periódico, tiene ya más de 17 mil 500 documentos.

Madvysion, S.A. de C.V. (transfirió al abogado 10.7 millones); Riu Construcciones, S.A. de C.V. (7.1 millones); Servicios Especializados Icall, S.A. de C.V. (5.7 millones), y Textiline Collection, S.A. de C.V. (5.4 millones); Varys Comercial S.A. de C.V. (3.6 millones); Grupo Liztik, S.A. de C.V. (3.5 millones); Distribuciones JDB, S.A. de C.V. (2.2 millones de dólares); Grupo Macrobay, S.A. de C.V. (2.2 millones); Tessa Textiles S.A. de C.V. (2.5 millones); Enterprise Gamki, S.A. de C.V. (707 mil 594 euros); Diseños Textiles Dug S.A. de C.V. (690 mil 622 euros); Amber Global S.A. de C.V. (632 mil 395 euros); Distribuidora Comercial Franwi S.A. de C.V. (505 mil 447 euros), y Gallaxy Real Estate S.A. de C.V. (444 mil 774 euros).

Desde que la justicia de Andorra le congeló sus cuentas en 2015, Collado ha sido incapaz de demostrar el origen legal de los recursos que escondió en BPA, en específico de los cerca de 90 millones de dólares ingresados al principado mediante casas de cambio y sociedades fiduciarias, esto a pesar de que el abogado aseguró en varias ocasiones que la obtención de ese dinero fue producto de su “exitosa carrera empresarial”.

En febrero de 2021, Proceso publicó una investigación sobre BPA en México, así como su vínculo con uno de sus primeros clientes: la empresa ByB Casa de Cambio, una de las empresas mencionada en el reportaje, la cual fue utilizada en los primeros meses por Victor Manuel Urdangaray Avilés y José Miguel Díaz Fernández, dos ejecutivos españoles del banco en el país, con el fin de lavar dinero en efectivo de presuntos narcotraficantes venezolanos.

Proceso publicó además que desde abril de 2017, el director jurídico de ByB, Carlos Ramírez Gallego, muestra en su currículum que su carrera profesional consistió en un vaivén entre ByB y el despacho Collado & Asociados (del abogado de Peña Nieto). Durante una temporada en que estuvo en Collado & Asociados, escribió en su currículum que era miembro del Consejo de Administración de ByB Casa de Cambio.

Con información de Proceso y El País

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