Metapolítica
Ciudad de México.- “Al cumplirse tres años de que ganara la elección presidencial, Andrés Manuel López Obrador está también por cumplir la mitad de sus compromisos”.
Es la afirmación de la reportera Daniela Barragán, quien realizó este día un análisis sobre el nivel de cumplimiento de las promesas de Andrés Manuel Lopez Obrador en el portal SinEmbargo.
“Aunque formalmente él asegura que tiene más de 90 en verde, aún falta transparencia en parámetros que demuestren que ya están palomeados”, indica la nota.
En síntesis, “el presidente llega al tercer aniversario de su victoria electoral con 41 de sus 100 compromisos cumplidos, 29 en proceso y acumula 12 en la categoría de no cumplidos”.
El portal también aclara que ha realizado este ejercicio en cada informe de Gobierno de López Obrador, y que para evaluar los compromisos se utiliza la información de la Cuenta Pública, Compranet, Boletines de Prensa, datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y la lista de los 100 compromisos de la propia administración federal.
El portal indica que “hay compromisos que López Obrador da por cumplidos cuando realmente están en proceso o no se están logrando; hasta el momento SinEmbargo contabilizó 12 en esta condición”.
Entre los cumplimientos destaca los programas sociales, “ya que no sólo se trata de la entrega de los apoyos sino que hay leyes que ya los dotan de obligatoriedad”. Menciona los casos de los apoyos a estudiantes de primaria y secundaria, los de educación media-superior; las becas a universitarios y a personas discapacitadas en situación de pobreza, y la pensión para adultos mayores.
“Otros que quedaron cumplidos desde el inicio fue la cancelación de la Reforma Educativa; bajar los sueldos a altos funcionarios; la implementación de los precios de garantía; la cancelación de los fideicomisos y la reducción del 50% del gasto de publicidad oficial. Sobre este último, para el primer año de Gobierno no se cumplió, pero para 2020 la reducción fue de 54.3%”.
Y otro que destaca es el de convertir en delito grave el fraude electoral.
Y entre los no cumplidos exhibe la desaparición de las estancias infantiles, el transferir a las comunidades mineras el impuesto que se cobra a empresas por extracción del material, el mantenimiento de despachos y consultorías y la descentralización del Gobierno.
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