Por David Alejandro Delgado Arroyo
Aún no termina el Proceso Electoral en curso y ya se escuchan voces inquietas por impulsar cuanto antes una reforma electoral; como si fuere requisito antes del siguiente proceso electoral tener una reforma electoral; cuando tendríamos que abrir la discusión pública a los diversos problemas y retos nacionales.
Sin embargo, en materia electoral el Congreso de la Unión tiene tarea encomendada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, porque en el SUP-RAP-121/2020 y acumulados, sostiene que “…se da vista al Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para que, en ejercicio de sus atribuciones, lleve a cabo las modificaciones legales conducentes, a fin de incorporar en las leyes generales de la materia, el mandato de inclusión de acciones afirmativas que incluyan o incorporen a esos grupos sociales en los órganos de representación política”.
Ello implica que las acciones afirmativas que en este proceso electoral se otorgaron a diversos grupos como indígenas, personas con discapacidad, migrantes, diversidad sexual y otros, deben ser reglados en la Ley.
Seguramente esta obligatoria reforma abrirá la puerta a otras inquietudes, pero considero que deben cuidarse varios aspectos.
El primero es esperar a que termine el proceso electoral concurrente, es decir, que se resuelvan todos los juicios de inconformidad presentados y en su caso, los Juicios de revisión Constitucional. Pero, además, deberá dejarse un periodo que propondría de un año para que se elaboren evaluaciones serías por parte de las diversas autoridades electorales, además de las investigaciones que provengan de la actividad académica.
En suma, una reforma electoral no debe provenir de ocurrencias, ni de discursos pegajosos pero vacíos, tiene que partir de un diagnóstico serio y fundamentado. Si bien es cierto hay una preocupación por el costo electoral, pero este tiene que ser analizado cuidadosamente, antes de que la ausencia de recursos se convierta en limitaciones al ejercicio de obligaciones legales y constitucionales.
En segundo lugar, una reforma electoral debe ser incluyente con todos los actores políticos, debe ser lo más cercana al consenso, porque son las reglas de la renovación pacífica del poder; ningún grupo debe ser excluido. No debe convertirse en un ejercicio de la fuerza, sino del dialogo entre las diferentes partes. Inclusive debería de partir de un proceso de consulta entre ciudadanía, expertos y políticos, cuidadosamente sistematizado e integral.
En tercer lugar, debe tener congruencia con el desarrollo electoral mexicano; particularmente no debe ser regresiva respecto a elementos del sistema que han dado certeza, imparcialidad y pluralismo, como la representación proporcional o la profesionalización y ciudadanización de las autoridades electorales; pero también debe ser progresiva en el ejercicio de derechos, es decir, garantizando al máximo la plenitud del ejercicio de derechos políticos electorales, considerando las múltiples vulnerabilidades de la diversidad poblacional del país. La progresividad incluye también la introducción cuidadosa de elementos tecnológicos en el sistema electoral, como la posibilidad de la urna electrónica y/o el voto electrónico.
En cuarto lugar, debe tener una prudente anticipación para no estar contaminada de intereses políticos coyunturales y también permitir los procesos de implementación que son de suyo complejos. Ello quiere decir que ya no son suficientes los 90 días previos al inicio del proceso electoral, lo deseable sería un año previo al proceso electoral, esto es que se lleve a cabo en septiembre del año entrante, si es constitucional y diciembre del mismo 2022 si es en el nivel legal.
Lo anterior permitiría que los procesos de implementación reglamentarios tuvieran un tiempo suficiente para ser impugnados y que queden firmes; además de que permitirían que la renovación de tres integrantes del Consejo General en abril de 2023, entre ellos quién encabeza al Consejo General, ya se diera con las reglas definidas; de manera que las instituciones se antepusieran a las personas.
Una de las múltiples experiencias de este proceso electoral es que estar cambiando reglas por orden del Tribunal Electoral durante el proceso electoral puede llegar a vulnerar derechos. Por ello es imprescindible la anticipación.
Además, ello generaría también la oportunidad de armonización en el siguiente nivel que es el estatal, lo cual debería de estar cerrado a más tardar en marzo de 2023, con lo cual en abril de 2023 podrían suscribirse los Convenios de Coordinación con los Oples y tener listos los anexos técnicos correspondientes, tres meses previos al inicio del proceso electoral, con lo cual se le facilitaría al orden local la presupuestación y mejoraría la calidad del ejercicio de los recursos.
En todo caso una reforma electoral debe ser cuidadosa de no descomponer lo que sí funciona, por lo que hay que valorar el amplio reconocimiento que tiene el INE ante la ciudadanía y ante la comunidad internacional, que dista de lo que opinan los partidos políticos o actores políticos interesados.
