Metapolítica
Ciudad de México.- A través de la Oficina de Seguridad Interior (Homeland Security), el gobierno de Estados Unidos ofreció a la Fiscalía General de la República (FGR) un software para realizar actividades de intervención telefónica y seguimiento (espionaje), las cuales, una vez autorizadas judicialmente, sólo le permitiría al Ministerio Público Federal realizarlas, y se detectaría y bloquearía todo intento de penetración ilícita.
Funcionarios del gabinete de seguridad dijeron que esta tecnología pondría fin a la intervención ilegal o múltiple en investigaciones hechas contra grupos o personas implicadas en ilícitos.
La información de la que se tiene conocimiento sobre el software refiere que estaría enfocada en la captación de información relacionada con grupos delictivos, pero también permitirá a la FGR encargarse de realizar toda clase de intervenciones que se procesen de manera legal y con base en autorizaciones judiciales.
De esta manera, explciaron los funcionarios, se pondría fin a la contratación de múltiples sistemas informáticos, como el de Pegasus, el cual fue usado para realizar intervenciones y seguimientos legales e ilegales a funcionarios, periodistas y activistas de derechos humanos durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.
La tecnología ofrecida por los representantes estadunidenses se enmarca en las posibilidades de cooperación bilateral que mantienen México y Estados Unidos, es decir, es parte de los acuerdos que datan de la llamada Iniciativa Mérida, la cual está detenida, debido a que las autoridades mexicanas solicitaron que se adecúen los programas de cooperación para que sus recursos se usen en programas sociales y no sólo en la dotación de equipo y armamento.
La tecnología, de la cual se desconoce su nombre o denominación, sólo la usaría la FGR, y una vez que un número telefónico sea intervenido, ninguna otra institución u organización privada podrá intervenir legal o ilegalmente, ya que el mecanismo impide y detecta todo intento de penetración en las comunicaciones.
El problema para el uso de estos equipos, dijeron, es que la información obtenida de grupos delictivos de interés bilateral tendrá que ser compartida, siendo ese el motivo por el cual no se ha autorizado.
Con información de La Jornada
