Metapolítica
Ciudad de México.- Según la disposiciones que establece la Ley Federal de Consulta Popular respecto a la difusión, por parte de terceros, de la propaganda relacionada, contiene ambigüedades en torno a las restricciones más allá de los medios electrónicos, ya que se prohíbe emplear la radio y televisión, pero “implícitamente” en otros canales, como la prensa escrita, “estaría totalmente permitida”, consideró el consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Uuc-kib Espadas Ancona, contradiciendo lo dicho esta semana por el consejero Ciro Murayama, quien pidió a Morena abstenerse de publicar publicidad en favor de la consulta.
En el INE hay discrepancias en torno a los criterios sobre los alcances que pueden tener los partidos políticos para la contratación de publicidad alusiva. La Comisión de Quejas y Denuncias del INE ordenó a los grupos parlamentarios de Morena y al diario La Jornada cesar la publicación de mensajes en los que llama a participar en la consulta popular, ya que “infringen la facultad exclusiva este instituto”.
El consejero Espadas Ancona consideró que, dado que los grupos parlamentarios “no tienen personalidad jurídica propia, no son una instancia del Estado mexicano”, pueden opinar sobre la consulta y también adquirir “la difusión que les parezca pertinente”, con recursos legales. Asimismo, dijo que serán necesarias reformas legales que eliminen las ambigüedades y restricciones a las fuerzas políticas, las cuales deben ser protagonistas en el debate social.
La ley debería modificarse, dijo, “haciendo explícito el derecho de militantes y de los partidos mismos a involucrarse y no dejar esto a la interpretación ni de la autoridad administrativa ni del tribunal”.
El consejero del INE dijo también que desde que se organizó la consulta, “hubo una muy breve discusión sobre la participación de los institutos políticos. Con lalectura de la Constitución y de la ley no se encuentra que tengan ninguna participación directa” en este ejercicio.
“Esto fue una posición consensuada”; incluso, las fuerzas políticas no objetaron. Sin embargo, dijo, “con el desarrollo de los eventos, se plantearon otras circunstancias que abren dudas sobre si esa fue la mejor decisión y, en todo caso, si, estrictamente, es lo que ordena la ley”.
El problema, prosiguió, “es que básicamente el marco jurídico es muy general, ya que no es específico en muchos aspectos, particularmente cuando la consulta queda fuera de la fecha de la elección, pues no hay prohibición expresa para la participación de las fuerzas políticas, de ahí, por ejemplo, derivó en la ausencia de representantes de casilla”.
Con información de La Jornada
