Jacques Coste
La semana pasada, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México demandó a once empresas estadounidenses ante un tribunal federal en Boston, Massachussets, por el comercio negligente e ilícito de armas de fuego, que se utilizan para la comisión de delitos en nuestro país. El prestigioso despacho texano Hilliard Shadowen presentó la demanda y será el encargado de empujar la estrategia legal del gobierno mexicano, en conjunto con el consultor jurídico de la Cancillería, Alejandro Celorio Alcántara, y su equipo.
En principio, la acción legal emprendida por Relaciones Exteriores parece acertada, pues evitar que las armas estadounidenses lleguen a las organizaciones criminales mexicanas ha sido parte de la agenda de nuestro gobierno desde hace lustros. Sin embargo, los esfuerzos de cooperación bilateral con Washington en este rubro han sido muy limitados y, casi siempre, infructuosos.
Esto se debe a que, en Estados Unidos, la libertad de portar armas de fuego —resguardada a nivel constitucional por la célebre Segunda Enmienda— se percibe como un tema reservado a la esfera de la política interna. Este asunto motiva intensos debates entre demócratas y republicanos. Estos últimos enarbolan la defensa a ultranza del derecho a portar armas, por lo que son totalmente intransigentes en este asunto.
Ante este complejo escenario político, parece acertada la decisión mexicana de elevar el tema a los tribunales, toda vez que la vía diplomática había resultado insuficiente para alcanzar resultados significativos en materia de control de armas. No obstante, es pronto para cantar victoria. Como suele ocurrir con los procesos legales, la resolución de este caso tomará un largo tiempo, por lo que habrá que observar de cerca la evolución del caso en distintos frentes.
Lo primero que habrá que analizar es la respuesta de la administración Biden. Algunos analistas mexicanos han concluido erróneamente que esta querella legal puede tensar la relación bilateral con la Unión Americana. Se equivocan.
De acuerdo con versiones de prensa, el gobierno mexicano no concertó la decisión de emprender esta acción legal con su homólogo estadounidense, aunque sí comunicó su determinación a la Embajada de EE.UU. en México antes de presentar la demanda. Esto quiere decir que, aunque no fue una acción concertada, México sí contó con el aval —al menos tácito— de Washington para establecer la demanda.
Además, hay que recordar que el control de armas es una de las prioridades de la agenda de Joe Biden, quien incluso ha reconocido que “la violencia armada es una epidemia de salud pública” y “una vergüenza internacional para Estados Unidos”.
La plataforma que colocó a Biden en la Casa Blanca incluía ambiciosas acciones para regular la venta de armas de fuego. Ya en la Oficina Oval, el presidente ha emprendido algunos esfuerzos en la materia, aunque la mayoría de ellos permanece en la congeladora legislativa, puesto que el asunto ha sido desplazado por otras prioridades, como la vacunación contra el coronavirus y la reactivación económica.
En ese sentido, la demanda de México le viene bien al gobierno de Biden en tanto que será motivo de una intensa discusión pública. Esto le permitirá mantener el control de armas como una de las prioridades de su agenda y le brindará la oportunidad de tender lazos con el ala progresista del Partido Demócrata, que favorece mayores restricciones al comercio armamentista. Es decir, la demanda de México fungirá como catalizador del debate sobre el control de armas y como fuente de presión política para que el tema se trate en el Capitolio.
Otro frente al que habrá que estar atentos es la reacción del Partido Republicano, las grandes corporaciones de armamento y la poderosa Asociación Nacional del Rifle. En la historia reciente, la alianza entre estas tres partes ha bloqueado los avances en materia de control de armas por medio de campañas publicitarias, mecanismos legislativos y acciones jurisdiccionales.
Por ende, es previsible que esta coalición “ensucie” el proceso legal mediante una estrategia de comunicación negativa con alta difusión en medios. Por si esto fuera poco, es un hecho que el equipo jurídico encargado de su defensa será de primer nivel y las disposiciones normativas y los antecedentes legales están de su lado.
Adicionalmente, tendremos que estar atentos a varios aspectos de este lato de la frontera. En primer lugar, es necesario analizar si la demanda es una acción aislada o si es parte de una estrategia más amplia para impedir que los cárteles mexicanos se hagan de armas estadounidenses. Sólo el tiempo disipará las dudas.
Si se ponen todas las expectativas en que la demanda prospere y las empresas señaladas indemnicen al gobierno mexicano y respeten restricciones al comercio de armas, lo más probable es que haya decepción con los resultados alcanzados.
Si, en cambio, se complementa la demanda con acciones paralelas de diplomacia convencional, campañas mediáticas y cabildeo en el Congreso, entonces es más factible lograr avances significativos en materia de control de armas.
En todo caso, sería erróneo esperar que las restricciones al comercio armamentista se impongan de un día a otro, que sean de gran calado y que se obtengan sin nada a cambio. Lo realista será esperar controles graduales y parciales a la compraventa de armas, con la necesaria reciprocidad de México en el robustecimiento de su estrategia de combate al crimen organizado.
Hay otros tres puntos que habrá que analizar de este lado de la frontera. El primero de ellos es si el asunto se politiza o no, pues se corre el peligro de que el canciller Ebrard utilice el control de armas como bandera para impulsar sus aspiraciones presidenciales.
El segundo asunto tiene que ver con los recursos. El proceso legal será largo y costoso. Habrá que ver si el gobierno mexicano, con su tan cacareada “austeridad republicana”, está listo para pagar el bufete de abogados que contrató y sufragar todos los gastos derivados del juicio durante meses.
El tercer tema tiene que ver con la posición soberanista y no intervencionista que enarbola el presidente López Obrador al referirse a la relación bilateral con EE.UU. ¿AMLO está listo para que Washington presente una querella legal similar en caso de que lo considere pertinente para defender sus intereses? Personalmente, lo dudo.
Si la Unión Americana recurriera a los tribunales mexicanos para resolver un asunto de la relación bilateral, el presidente López Obrador argüiría que se está violando la soberanía nacional de México. Eso sería motor de conflictos y tensiones entre ambos gobiernos.
En resumen, son muchos los frentes que abrió la demanda de Cancillería. Es una decisión tan plausible como arriesgada: puede derivar en avances significativos en materia de control de armas o acarrear consecuencias inesperadas y costosas. Veremos.
Consultor político, ensayista e historiador. Twitter: @jacquescoste94
