Metapolítica
Morelia, Michoacán.- La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer en cuenta de Twitter la versión pública de lo que llamó “caso Odebrecht/Ricardo ‘N’’, en relación a la reconstrucción de los hechos de entrega de sobornos de Emilio Lozoya a Ricardo Anaya en 2014 para que este votara a favor de la reforma energética a finales de 2013.
En el documento, la FGR dice que Emilio Lozoya “recibió instrucciones ‘superiores’ para entregar 6 millones 800 mil pesos a Ricardo ‘N’, para que votara a favor de la Reforma Energética que privatizaría la producción petrolera mexicana, en favor de empresas extranjeras, como Odebrecht Brasil”
Asimismo, menciona en el siguiente párrafo que según lo que consta en sus diligencias ministeriales, “dicha cantidad le fue entregada a Ricardo ‘N’ por una persona de confianza del propio Emilio ‘N’, cuyo nombre es Norberto ‘N’; misma cantidad que le entregó a Ricardo ‘N’, en las instalaciones de la Cámara de Diputados, en 2014”.
Norberto “N” es Norberto Gallardo Vargas, elemento del Estado Mayor Presidencial del gobierno de Enrique Peña Nieto que fue asignado a la custodia de Emilio Lozoya. Según el diario AM en una nota publica el 14 de noviembre de 2020, Norberto Gallardo “tenía derecho de picaporte para dejar pasar los invitados de su jefe. Y también sabía dónde y cómo guardaban el dinero de los sobornos”.
Los testigos Miguel ‘N’ y Froylán ‘N’ (Miguel Pérez Esquivel, chofer de Lozoya, y Froylán García García, excoordinador ejecutivo de la Dirección General de Pemex, respectivamente), “manifestaron haber presenciado diversas visitas de Ricardo ‘N’ y otros legisladores, a las oficinas de Emilio ‘N’, en la dirección General de Pemex; lo cual quedó asentado en diligencias ministeriales.
La FGR indica que la secuencia de todas las diligencias señaladas, “que pueden aportarse en versión pública, más otros adicionales, evidencian una línea clara y consecuente de hechos delictivos que tuvieron por objeto entregar el patrimonio del petróleo del país a intereses y empresas extranjeras, con todas las consecuencias económicas y sociales que México ha sufrido. Todo lo cual ya quedado debidamente judicializado en casos vinculados con el presente asunto, los cuales ya son del dominio público”.
La Fiscalía señala además que ya en esta etapa de la investigación inicial, de audiencia inicial y de vinculación a proceso, “el Ministerio Público de la Federación sólo necesita exponer el juez de control los datos de prueba con los que considere que se establece un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión”.
