En el ejercicio de los recursos públicos, las entidades federativas y los municipios incurrieron en inobservancias de la normativa durante el año pasado, que generó un probable daño a la hacienda pública federal por un monto de 22,145.9 millones de pesos.
En el Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior del Gasto Federalizado de la Cuenta Pública 2016, de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), se fiscaliza la gestión de los recursos federales de nueve fondos.
Las mayores cifras de incumplimiento se presentaron en el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), con 8,857.8 millones de pesos; en el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), con 6,668.1 millones, y en el Acuerdo de Coordinación celebrado entre la Secretaría de Salud y la entidad federativa, con 4,605.5 millones.
Los otros fondos fueron: Prospera Programa de Inclusión Social: componente de salud; Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (Fortalece); Otorgamiento del Subsidio a los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función de Seguridad Pública (Fortaseg).
Así como el Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE) y el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF).Estos rubros suman 2,014.5 millones de pesos.
Las 32 entidades federativas generaron un probable daño a la hacienda pública federal, cuyo podio lo integran Veracruz (3,376.2 millones), Estado de México (3,303.5 millones) y Michoacán (2,709.3 millones), mientras los menores montos se manifestaron en San Luis Potosí (22.0 millones), Baja California Sur (24.9 millones) y Colima (27.5 millones).
En las conclusiones de la ASF sobre la gestión de recursos, a nivel estatal ninguno obtuvo una evaluación eficiente y transparente en todos los programas auditados, aunque Jalisco, Sinaloa, San Luis Potosí y Puebla consiguieron una gestión razonable.
Los estados que no fueron eficientes y transparentes fueron Baja California, Michoacán, Estado de México, Veracruz y Oaxaca. A nivel municipal, agregado por estado, destaca una buena gestión, paradójicamente, de Veracruz y Estado de México.
El concepto de probable daño a la hacienda pública federal proviene de inobservancias de la normativa en el ejercicio de los recursos, como en la Ley General de Contabilidad Gubernamental o la Ley de Coordinación Fiscal.
De los incumplimientos por parte de los estados y municipios, sobresalen pagos no justificados distintos a los establecidos en los contratos de prestación de servicios profesionales; retenciones no enteradas al Servicio de Administración Tributaria (SAT) de conceptos gravables por reconfiguración de conceptos exentos, sin la autorización del SAT; pagos de servidores públicos que no acreditaron la formación académica requerida.
Otras observaciones fueron la falta de documentación justificativa y comprobatoria del gasto; obras pagadas, no ejecutadas; recursos no ejercidos a la fecha del corte de la auditoría; transferencias a otras cuentas bancarias.
El universo seleccionado de los fondos federales para el informe de la ASF ascendió a más de 191,000 millones de pesos.
Asignación
En el gasto federalizado de la Cuenta Pública del 2016, la Auditoría fiscalizó la gestión financiera de los recursos federales transferidos a las entidades federativas a través de los fondos durante el año pasado, y en su caso, recursos ejercidos en el 2017, “a fin de verificar la asignación, registro y seguimiento de los mismos, así como el cumplimiento de sus metas y objetivos”.
Es importante destacar que en algunos casos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos, con motivo de la intervención de la ASF, cuya correcta aplicación está en proceso de verificación.
En el informe, el órgano técnico especializado de la Cámara de Diputados determinó observaciones, algunas solventadas por la entidad fiscalizada antes de la integración del documento; las restantes generaron Pliegos de Observaciones, Recomendaciones, Promociones del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal y Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria.
Otras cuentas
Veracruz fue la entidad del país con el mayor daño al erario. En el FASSA se determinaron recuperaciones probables por 754.2 millones de pesos, que se integran principalmente de 753.9 millones de transferencias del fondo hacia otras cuentas bancarias.
Mientras en el FAFEF, la Auditoría Superior de la Federación determinó recuperaciones probables por 1,651.6 millones de pesos, que se integran de las transferencias hacia otras cuentas bancarias por 252.2 millones y del pago de nómina administrativa y docente de la Secretaría de Educación del Estado por 1,399.4 millones que no cumplió con las condiciones establecidas en la Ley de Coordinación Fiscal. Además, 158,243.0 miles de pesos no han sido ejercidos en los objetivos del fondo.
En este fondo el Gobierno del estado de Veracruz no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos.
Michoacán, entre las entidades señaladas por mayor desvío de recursos por la ASF
