En la deuda de las entidades federativas del país existen dos escenarios. En el primero, el Sistema de Alertas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) manifiesta una mejora en los niveles de obligaciones financieras, mientras en el segundo, los montos alcanzan cifras históricas. Asimismo, del financiamiento adquirido, menos de una quinta parte se destina a inversión pública productiva, y lo demás, a refinanciamiento y necesidades de corto plazo.
El mecanismo de la SHCP, que es una de las disposiciones que se incluyen en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, promulgada en abril del 2016, mide el nivel de endeudamiento de los entes públicos que tengan contratados financiamientos y obligaciones.
La medición clasifica el nivel en tres niveles (sostenible, en observación y elevado), que determina el techo de financiamiento neto al cual podrían acceder los estados el próximo ejercicio fiscal.
Lo anterior se realiza mediante tres indicadores: deuda pública y obligaciones sobre Ingresos de libre disposición, servicio de la deuda y de obligaciones sobre ingresos de libre disposición y obligaciones a corto plazo y proveedores y contratistas sobre ingresos totales.
Con cifras del 2016, el Sistema de Alertas arrojó que Baja California, Chihuahua, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, Sonora, Veracruz y Zacatecas estaban bajo la lupa de la SHCP, ya que se encontraban en semáforo amarillo (endeudamiento en observación). Y sólo Coahuila se ubicaba en focos rojos (nivel elevado).
Pero ya con medición del segundo trimestre del 2017, el panorama para tres estados cambió. Baja California y Zacatecas pasaron a verde y Coahuila, a amarillo, es decir, ya no hay territorios con alarma en sus finanzas públicas. En “preventivo” se colocaron nueve entidades.
El motivo de esta modificación fue que Zacatecas redujo sus tres indicadores, Baja California, dos, y Coahuila, únicamente el referente a la deuda pública y obligaciones (aunque sigue ocupando el primer lugar nacional con 194.3% de los ingresos de libre disposición).
El segundo escenario: de acuerdo con información del Registro Público Único de la SHCP, entre enero y la primera quincena de septiembre del 2017, el monto de financiamientos y obligaciones ascendió a 65,730.3 millones de pesos, la mayor cifra, para un mismo periodo, desde 1989, año que comienza el rastreo de deuda.
Por entidad, el top cinco lo componen Nuevo León (25,127.0 millones), Zacatecas (7,673.5 millones), Veracruz (4,518.8 millones) Morelos (3,576.3 millones) y Sonora (3,240.0 millones). A excepción de Zacatecas, en semáforo verde -endeudamiento sostenible-, los demás estados se posicionan en amarillo.
En este sentido, en nivel sostenible, la entidad podrá incurrir en un endeudamiento adicional máximo equivalente a 15% de sus ingresos de libre disposición. Si se clasifica en observación, el límite será de 5% y en elevado, no podrá contratar financiamiento adicional en ausencia de un convenio de ajuste en sus finanzas públicas.
Refinanciamiento
La mayor parte del destino de los 65,730.3 millones de pesos en obligaciones no fomenta la actividad económica. De este total, 42.8% fue para cubrir necesidades de corto plazo, 38.4% a refinanciamiento, 17.6% a inversión pública productiva y 1.2% a inversión pública productiva y refinanciamiento. Es decir, menos de dos pesos, de cada 10, se dirigen a un beneficio social.
Al cierre de la primera quincena de septiembre del año en curso, del apartado de cubrir necesidades a corto plazo, únicamente se ha pagado 8.0% del total adquirido.
La estrategia del refinanciamiento la utilizaron recientemente Tamaulipas, Durango, Nuevo León, Veracruz y Quintana Roo, por citar a algunos, después de que sus Congresos aprobaran este mecanismo, ya sea para obtener liquidez, mejorar perfil crediticio y alargar el plazo de deuda.
Kristobal Meléndez Aguilar, analista del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, comentó que a partir de que entró en vigor la Ley de Disciplina Financiera se puede refinanciar la deuda para pagar créditos que ya se tenían y para inversión productiva, “algunos toman prestado para pagar el servicio de la deuda”.
Añadió que en el caso de Veracruz y Tamaulipas, “podría ser una necesidad de liquidez, o problemas de insolvencia, debido a que tienen presiones por cómo dejaron las finanzas los gobiernos anteriores”.
Meléndez Aguilar dijo que otros estados han tomado otras estrategias para enfrentar la Ley de Disciplina Financiera, como Nuevo León, que busca mejorar los semáforos de las alertas por medio de una mejor planeación financiera y mejores notas crediticias.
Por otra parte, Abel Hibert, especialista de la Universidad Metropolitana de Monterrey, comentó que “la deuda ha crecido mucho en los últimos años, cuando los gobiernos estatales buscan el refinanciamiento es para mejorar las condiciones de la deuda, dependiendo de cómo firmaron la penalidad, se busca que la deuda tenga un mayor plazo para mejorar flujos y obtener menores tasas”.
Caso reciente
El pasado 13 de septiembre, el Congreso de Tamaulipas, por mayoría de votos, autorizó al gobierno de Tamaulipas, a través de la Secretaría de Finanzas, a llevar a cabo el refinanciamiento de una parte de la deuda pública directa estatal, por un monto total de 10,295.9 millones de pesos, destinados a la liquidación de siete créditos.
El presidente de la Diputación Permanente, Carlos Alberto García González, destacó la necesidad de autorizar este refinanciamiento, ya que se establecen medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos.
Destacó que esta deuda pública actualmente tiene a su cargo 12 créditos contratados entre los años 2009 y 2016, reiterando que este refinanciamiento no representa deuda adicional.
El saldo de la deuda pública de Tamaulipas (gobierno central, municipios y entes), a junio del 2017, era de 13,076.7 millones de pesos.
