Rafael Villaseñor Villaseñor
El gobierno federal o de un estado, a través de su presupuesto que anualmente tiene para compras, arrendamientos de inmuebles y bienes, así como de obra pública, son el gran motor para los micro, medianos y grandes empresarios. O sea que el gobierno sigue siendo el gran comprador de bienes y servicios, desde el papel que usan en las oficinas, los uniformes de los policías, computadoras, medicamentos e insumos, patrullas, ambulancias; hasta la construcción de escuelas, hospitales, carreteras, aeropuertos, entre muchas otras obras que realizan.
Sin embargo, al gobierno de este estado se le ha perdido toda confianza como un buen “pagador” de los bienes u obras contratadas, empezando porque continuamente los funcionarios de los Comités de Adquisiciones y Obras Públicas están ahí pensando cómo justificar la inconveniencia de realizar una licitación pública transparente para adjudicarla directamente a sus amigos o aquellos que les apoyaron en sus campañas políticas. Realizar adjudicaciones directas evitando la licitación no ocurre excepcionalmente en Michoacán, sino que es más bien la regla, para luego, en el momento del pago, ser morosos con aquellos proveedores y contratistas que no eran los amigos, o que no se prestaron, por la urgencia o necesidad, a otorgarles al menos un descuento para obtener un pronto pago.
En la última década, sin antecedentes similares, el Gobierno del Estado de Michoacán optó por comprar más de su capacidad, o en el peor de los casos, desviar los recursos, dejando en el desamparo a cientos de proveedores y contratistas. Durante el inicio de la administración de Silvano Aureoles, ante el cúmulo de adeudos heredados, la indicación fue… ¡que demanden!
En ese tenor, con proveedores y contratistas acostumbrados a negociar en las oficinas de la Secretaría de Finanzas y Administración, cansados, tuvieron que acudir a un Tribunal de Justicia Administrativa, nuevo en el tema de las Contrataciones Públicas y con una legislación arcaica, contraria al tramo de experiencia que ya contaban en la materia los Tribunales Federales; por lo que durante los años 2015 al 2019 sus resoluciones negaban las condenas al pago de intereses moratorios, hasta que el Poder Judicial de la Federación estableció que conforme al Reglamento de la Ley de Adquisiciones se deben pagar esos intereses moratorios.
Sin embargo, el Gobierno del Estado mostró “el cobre” a través de sus abogados y el director del CADPE. Por un lado, sus abogados fueron insistentes en negar siempre el acceso a los expedientes e incluso el adeudo de los bienes que les fueron proporcionados, alargando los juicios mediante recursos y juicios de amparo notoriamente improcedentes, y pidiendo negociar con quitar del 30% hasta el 50%, como lo hizo la directora de Servicios de Salud a través de su delegada administrativa; y en el CADPE se realizó una reforma al reglamento suscrita por el gobernador para establecer que la tasa de interés o gastos financieros sería el 0% en caso de moratoria.
Dicho juego de los abogados trajo consigo dos efectos nocivos para el Estado: por una parte la escasez de medicamentos y bienes, y por otra, la escalada en los precios a las compras que realiza el Gobierno del Estado de Michoacán, esto por la posible moratoria en el pago e incluso el juicio que vendría para su cumplimiento.
Hoy en día, el gobierno no sólo debe millones al magisterio, sino también a micro, pequeños y medianos empresarios, quienes además de tener esos saldos a favor suyo, el estado los ignoró para apoyarlos durante el último año y sostener las pocas o muchas fuentes de empleo para trabajadores y familias michoacanas. Lo peor, que aún se les quiera regatear lo que les corresponde, porque es claro que los pesos que se les debe desde 2012 o 2019 no tienen el mismo valor adquisitivo que entonces ni pudieron obtener ganancias lícitas, al menos intereses bancarios, si hubiesen obtenido sus recursos en el tiempo prometido.
Por lo anterior es bueno recordar que compete al Congreso del Estado de Michoacán, como contrapeso de poder y salvaguardando el bien de la comunidad, legislar para el uso correcto de los impuestos del pueblo en este rubro por parte del Ejecutivo. En este caso se trata de “copiar”—o como se dice en el argot legislativo, “amornizar”— la Ley de Adquisiciones y la Ley de Obras Públicas del Estado, con la finalidad de establecer de manera clara los procedimientos de contratación, evaluación y ejecución de los contratos; y por otro lado, los legisladores federales michoacanos pueden proponer al respecto una legislación general, esto es, con efectos para toda la República, para evitar que los gobernadores tengan leyes a modo para otorgar contratos y obtener sus dádivas.
He aquí una propuesta de trabajo para nuestros legisladores: un nuevo marco legal en materia de contrataciones públicas para Michoacán, o una legislación federal para toda la República.
