Redacción
Morelia, Michoacán.- La Comisión de Desarrollo Urbano, Obra Pública y Vivienda de la 75 Legislatura presentó su Plan de Trabajo que contempla el fortalecimiento del marco jurídico, alinear las políticas públicas de los tres niveles de gobierno, así como impulsar que las acciones en estos rubros sean ordenadas, sostenibles, inclusivas y apegadas a los principios de justicia social.
La presidenta de la Comisión, la diputada María Guadalupe Díaz Chagolla señaló que se buscará un diálogo constante con todos los sectores gubernamentales, sociales y políticos, así como la revisión de los ordenamientos y si es el caso proponer sus mejoras y actualización.
Precisó que dentro de los trabajos ya se trabaja en atender los temas que se quedaron rezagados de la anterior legislatura y reconoció la buena disposición de la diputada Daniela de los Santos Torres, así como de los diputados Juan Carlos Barragán Vélez y Ernesto Núñez Aguilar en sumarse a los trabajos emprendidos.
María Guadalupe Díaz señaló que como parte del trabajo de esta comisión, en la pasada sesión realizada el jueves 2 de diciembre se aprobó la iniciativa que se propuso en coordinación con el Ejecutivo Estatal para reformar la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma del Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios.
Debido a esta iniciativa se crean las obras públicas por cooperación, las cuales operarán mediante los comités vecinales por cooperación, los concejos municipales y autoridades municipales, figuras que fueron incorporadas en la citada reforma.
Díaz Chagolla refirió que ahora la ciudadanía además de decidir en qué obra se debe invertir, también podrá aportar recurso para su ejecución y vigilar el ejercicio de los recursos, lo que ciudadaniza la obra pública.
El Comité Vecinal es un órgano de representación ciudadana, sin intermediarios, conformado por vecinos de una colonia, fraccionamiento, tenencia, comunidad rural, encargaturas del orden, comunidad indígena, autoridades tradicionales, concejo comunal, entre otros, pertenecientes a un municipio, con el objeto de administrar, transparentar y vigilar la aplicación de los recursos económicos y materiales que aporten los beneficiados para la ejecución de la obra pública por cooperación, conforme a la normatividad aplicable.
