Por Héctor Tapia
La actual administración estatal comenzó con señalamientos de escandalosos presuntos actos de corrupción que se dieron durante el periodo de gobierno de Silvano Aureoles Conejo.
Los elementos para inferir que hubo desvíos, malos manejos, contratos amañados, y que sí hubo presumiblemente actos de corrupción, han sido suficientes desde el principio.
Desde los contratos multimillonarios para la construcción de cuarteles para la Policía Michoacán que no se concluyeron, y que fueron contratados de forma irregular y a sobreprecio, hasta multimillonarios contratos a empresas factureras acusadas de lavado de dinero para realizar labores de espionaje.
También están los contratos multimillonarios que se realizaron para la contratación de los famosos helicópteros, que terminaron por convertirse en el símbolo de la frivolidad con que Aureoles Conejo se condujo en su gobierno.
Esto, por supuesto, sin contar lo relativo a las irregularidades encontradas en el proceso de construcción y puesta a andar del C5, emblema del gobierno silvanista.
También están hallazgos de irregularidades en el uso de recursos correspondientes a apoyos para municipios y comunidades para afrontar diversas contingencias.
A esto se le suman hechos como que durante meses se dejó de pagar salarios a la base trabajadora de los Tres Poderes, al mismo magisterio, pese a que se estuvieron ministrando los recursos correspondientes de las participaciones y aportaciones federales. Y con esto la consiguiente pregunta: ¿Dónde quedó el dinero? Recursos que al final, para el último trimestre del año, fue aportado por el gobierno federal para el pago del magisterio, y también recursos extraordinarios para ir saldando compromisos que no se habían cumplido con el aparato burocrático y de organismos públicos desconcentrados a los cuales se les había dejado de pagar; ni qué decir de los adeudos a proveedores.
La narrativa de todo esto se fue enumerando con mayor fuerza desde el 1 de octubre, cuando Alfredo Ramírez Bedolla asumió constitucionalmente el cargo; aunque ya desde antes, desde la campaña, se venían haciendo una serie de señalamientos, fue hasta que se recibió la administración, sin un proceso de entrega recepción adecuado, opaco, sin transparencia, en que fueron brotando los datos duros más relevantes.
Era entendible que se viviera esa fase de señalar, con pruebas, los excesos y las irregularidades que se cometieron; estratégicamente era entendible que se desmarcara y dejara claro quién presumiblemente cometió qué, más frente a un escenario de crisis financiera y social que enfrentaba el estado y por el cual se había dejado de pagar.
Con todo esto, aunque era entendible este desmarque de la actual administración respecto a su predecesora, la pregunta fue constante: ¿Y las denuncias formales para cuándo?
Y es que en el imaginario colectivo, producto de la experiencias previas, es que la impunidad prevalece y que no se investiga ni sanciona a quienes se les acusa de haber desfalcado al estado.
Por ello, la pregunta fue, ha sido y es recurrente: ¿Dónde están las denuncias?
Pregunta que está en el consciente colectivo, que ha sido lastimado por los múltiples desfalcos de gobiernos anteriores, y que en las experiencias previas parecía que la falta de sanciones y la prescripción de posibles delitos quedaban en el olvido producto de oscuros pactos, y que en el caso actual, de la coyuntura, la sociedad michoacana no quiere que se repitan.
Los michoacanos y michoacanas no quieren más impunidad, ni pactos innombrables. Quieren que se castigue a quienes han dañado su presente y su futuro. Tampoco quieren una cacería de brujas, pero quieren que si hay elementos, se presenten, se investiguen y se sancionen, y que quienes sean responsables de dichos actos, reparen el daño.
Los michoacanos y las michoacanas tampoco quieren un proceso desaseado, ni atropellado que termine comprometiendo las investigaciones; pero sí quieren tener la certeza de que se está haciendo algo al respecto.
Hace unas semanas el gobernador y el secretario de gobierno, Carlos Torres Piña, refirieron que si no era a finales de diciembre pasado, sería a inicios de enero de 2022 cuando se estarían presentando las correspondientes denuncias. Al momento no se ha informado con claridad para cuándo, ni cuántas denuncias serán.
Los elementos son suficientes. Y esos son apenas los que se conocen de manera pública.
