Metapolítica
Ciudad de México.- La fiscal general de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), Ernestina Godoy, calificó de “históricos y sin precedentes” los acuerdos reparatorios que Carso Infraestructura y Construcción S.A. (CICSA), propiedad de Carlos Slim, logró con 80% de las víctimas del colapso en la Línea 12 del Metro ocurrido en mayo de 2021, por lo que llamó al resto a firmarlo también.
La funcionaria reconoció la “voluntad expresa” de la empresa de ofrecerse a atender los daños a las víctimas y a reparar la línea para que vuelva a operar este 2022, pero no menciona que la constructora niega responsabilidad alguna en la caída de ese tramo.
Según lo que publica la revista Proceso, el contenido del Acuerdo Reparatorio que CICSA ofreció a las víctimas y que contempla la entrega de cheques del Banco Inbursa, propiedad de Grupo Carso, por 6 millones de pesos y 4.5 millones de pesos por reparación integral del daño, a cada familia de las 26 personas fallecidas y a decenas de víctimas con lesiones graves.
En lo anterior se estipula que los afectados, al aceptar el acuerdo reparatorio, no podrán demandar, por ninguna vía y en ningún momento, a la compañía propiedad de Carlos Slim.
En un mensaje unidireccional a medios de comunicación, Godoy Ramos destacó que esos acuerdos reparatorios “son históricos y sin precedentes, dada la temporalidad, alcances y sensibilidad para las partes”.
Además, dijo que “no existen antecedentes, tanto a nivel nacional e internacional, que en un evento de esta magnitud haya habido la intención de las partes en tan poco tiempo para atender integralmente a las víctimas y a sus familiares para que puedan, dentro de lo posible y deseable, regresar a su vida cotidiana”.
El avance del 80% en la firma de acuerdo, dijo la exlegisladora, representa “un avance sustantivo para las familias que ahora cuentan con herramientas y recursos para afrontar una situación dolorosamente inesperada”.
Varias de las víctimas no han firmado el acuerdo —el 20% restante— porque están representadas por al menos dos despachos legales privados, cuyos abogados insisten en denunciar a la empresa constructora por las vías penal, civil y administrativa.
Con información de Proceso
