Héctor Tapia / Metapolítica
Morelia, Michoacán.- Ya fueron interpuestas las primeras cuatro denuncias de carácter penal en contra de exservidores públicos del gobierno que encabezó Silvano Aureoles Conejo, por un daño al erario estimado en 5 mil millones de pesos.
Los posibles delitos cometidos, contemplados en las denuncias penales, son enriquecimiento ilícito, ejercicio indebido de funciones, tráfico de influencias, cohecho, peculado, asociación delictuosa, delincuencia organizada y lavado de dinero.
Estas se interpusieron contra cuatro exfuncionarios, el representante legal de una empresa privada y los que resulten responsables.
Lo anterior lo dio a conocer la titular de la Secretaría de Contraloría de Michoacán, Azucena Marín Correa, e informó que las cuatro denuncias penales ya interpuestas se hicieron el 16 de febrero, a partir de los primeros hallazgos por el manejo irregular del gasto público.
Las denuncias se presentaron ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, en la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y en la Subprocuraduría Fiscal Federal de Investigaciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Para las denuncias de carácter penal entre los hallazgos están que se firmaron contratos con una empresa que no contaba con la capacidad económica y jurídica suficiente para la prestación del servicio al momento de su contratación. Además, se realizaron adjudicaciones de inmuebles, pagados en cantidades excesivas por encima del valor comercial por más de 652 millones de pesos, según refirió la funcionaria estatal.
Adicional a esto, ante la Fiscalía General de Justicia del Estado se presentaron dos denuncias en contra de siete exservidores públicos, y se podría ampliar contra 18 más si en las investigaciones de la auditoría resultan otros exservidores públicos implicados en los probables delitos cometidos en agravio del estado.
Para estas denuncias se encontraron documentos alterados, cheques firmados en favor de servidores públicos, extraordinarios a sus percepciones salariales; transferencias a empresas calificadas como irregulares por la SHCP.
Las irregularidades que se encontraron, detalló Azucena Marín, hasta ahora han sido en la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP), la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), el Comité de Adquisiciones (CADPE), así como algunas en la Secretaría de Salud y la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco).
Azucena Marín dijo que del 1 de octubre a la fecha en la dependencia que encabeza se tienen 148 denuncias como tal, de las que se han desprendido hasta ahora las cuatro denuncias penales en referencia, más las que están en proceso.
