Héctor Tapia / Metapolítica
Morelia, Michoacán.- En la atención de las personas que tienen que enfrentar el desplazamiento forzado en Michoacán tiene que haber un trabajo conjunto entre las instituciones, remarcó la legisladora Fanny Arreola Pichardo.
Esto lo refirió de cara a la presentación de la Iniciativa de Ley de Prevención y Atención a Desplazados de Michoacán, que estará entregando la próxima semana para que sea turnada para su correspondiente análisis.
Con esta ley se pretende visibilizar y darle cuerpo al problema que existe particularmente en los municipios de Tepalcatepec, Buenavista Tomatlán y Coalcomán, pero que ha afectado a la zona de Tierra Caliente del estado, producto de la violencia que se registra en dichos municipios.
Se pretende dar certeza a quienes se ven obligados a salir de sus lugares de origen y, por ejemplo, cuenten con un lugar donde puedan solicitar refugio por varios días, explicó la legisladora local, y detalló que muchos de los que enfrentan el desplazamiento salen —incluso familias completas— sin previsión económica alguna como para afrontar el alquiler de un espacio para vivir en tanto se hacen de alguna alternativa, incluso de empleo, que tuvieron que dejar por la salida de su región.
“Queremos darle una responsabilidad al estado para habilitar algunos albergues”, indicó Arreola Pichardo, y detalló que esta Ley propuesta contempla 42 artículos en cinco capítulos, los cuales van desde la atención emergente hasta la creación de un Consejo Estatal para la Atención del Desplazamiento Interno, figura que si bien se propone en la ley, está abierta a ser perfectible.
“Queremos que sea un tema de discusión abierta para que la gente pueda aportar” y que esta pueda responder a las necesidades de quienes les toca vivir este fenómeno derivado de la violencia, principalmente.
En este contexto dijo que de acuerdo con la última estadística que se tiene es que cerca de tres mil personas, de 2014 a la fecha, han sido desplazados forzadamente de sus lugares de origen, por ello, incluso, esta ley pretende también consolidar una estadística fiable sobre este fenómeno.
En la creación del Consejo Estatal, explicó, la intención es que las instituciones convocadas o indicadas a participar, lo hagan de forma colegiada, y que cada uno asuma su responsabilidad.
Con todo esto, en un primer momento espera tener el respaldo de las demás fracciones parlamentarias, para después de avalarse la creación de esta ley, entrar al tema organizativo de aspectos como el Consejo Estatal.
“Lo primero es que sea acompañado en primer momento por los diputados locales, en un tema de reconocimiento de los derechos de quienes han padecido este fenómeno, y a partir de ahí configurar la parte organizativa, con un mecanismo de un consejo colegiado, todo un esquema de organización planteado en la Ley”, remarcó.
Para Arreola Pichardo “la intención es que pudiéramos armonizar los esfuerzos entre las instituciones, porque seguramente alguna institución hace un esfuerzo en su área, pero debemos tratar de integrar en un esfuerzo macro para poder aprovechar los recursos humanos, financieros y de infraestructura el poder atender a quienes pasan por esto”.
“Es como lograr la armonización de los esfuerzos de quienes deben estar involucrados, es un esfuerzo organizativo”, enfatizó.
