Parte 1
José Irán Moreno Santos
En las últimas semanas, las relaciones internacionales han sido noticia y las posiciones de los países se han manifestado en medios de comunicación y en las organizaciones internacionales como es la ONU, OEA, y Unión Europea, entre otros espacios, con el tema de la Invasión de Rusia a Ucrania y también la resolución de la Unión Europea respecto a los derechos humanos en México, protección a los periodistas y dirigentes sociales.
Quiero comenzar esta columna de opinión, primera de tres partes, citando una frase que fue atribuida a Napoleón Bonaparte, otros se la atribuyen al poeta y filósofo estadounidense de origen español José Agustín Nicolás Ruiz: “Quien no conoce su historia está condenado a repetirla”.
Partamos esta reflexión de la política exterior de la actual administración bajo los planteamientos que están consagrados en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024. En este documento, la actual administración se plantea recuperar los principios de la política exterior mexicana que están consagrados en nuestra Constitución, particularmente en el artículo 89 fracción X, los cuales fueron incluidos en 1988 y ampliados en los años 2007 y 2011.
En la reforma de 1988, los congresistas mexicanos le retiran la facultad de ratificación de acuerdos, convenciones y tratados internacionales a la Cámara de Diputados y se le traslada al Senado de la República la facultad exclusiva de aprobar o ratificar estos acuerdos.
En este mismo acto se incorporan los principios normativos que ya todos conocemos, que son la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de controversias, la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, la igualdad jurídica de los estados, la cooperación internacional para el desarrollo y la lucha por la paz y la seguridad internacionales, mismos que están plasmados en la Carta de las Naciones Unidas en sus artículos 1.o y 2.o, y del cual nuestro país es parte desde antes de 1988.
Para el año 2007 se hace una modificación en el que se le otorga al Presidente de la República terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre acuerdo, tratados o convenciones internacionales, y para el año 2011 se agrega los principios del respeto, la protección y promoción de los derechos humanos.
Traigo estos momentos de reformas a la memoria, porque se hace necesario reflexionar sobre si los principios de política exterior que hoy están en nuestra Constitución son expresiones y sentimientos de las y los ciudadanos mexicanos o corresponden a los intereses políticos de los actores que los promovieron.
De igual manera es imperativo observar si estas modificaciones llevadas a cabo en los últimos 33 años son una guía para el actuar de nuestro país ante los desafíos mundiales o una visión nacionalista cerrada para no ser observados, cuestionados o señalados por organismos internacionales o países en lo particular.
Dicho lo anterior, el recuperar los principios de política exterior por esta administración ratifica y apoya las visiones oligárquicas y neoliberales que la plasmaron en la constitución (gobierno del PRI y del PAN).
Ya que erróneamente consideran que “recuperar estos principios es recuperar la tradición diplomática del Estado mexicano, que tan positivos resultados generó para el país y para el mundo”.
Citaré algunos ejemplos del papel jugado por nuestro país cuando estos principios no estaban en nuestra Constitución.
Participación de México en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 1946 y 1980.
En donde observó y cuestiono el derecho de veto de las grandes potencias y la falta de representación en el Consejo de Seguridad de países representantes de América Latina y el Caribe.
La diplomacia mexicana (sin los principios constitucionales) se caracterizó por su activismo frente a situaciones vividas en Somalia y otros países del mundo, así como el reconocimiento de movimientos independentistas como fue el caso de Cuba o la creación de Estados nuevos como es el caso de Palestina.
También fue impulsor del Tratado para la proscripción de las armas nucleares en América Latina y el Caribe y el establecimiento de directrices de un programa de acción que orientan los trabajos multilaterales en materia de desarme; incluso, Alfonso García Robles recibió el premio Nobel de la Paz por sus contribuciones como negociador mexicano al desarme nuclear.
De igual manera, tuvo una participación destacada en el Grupo de Contadora en el que, acompañado de los gobiernos de Colombia y Venezuela, ofrecieron sus buenos oficios para que los cinco países centroamericanos negociaran una paz negociada y que hiciera posible la convivencia y la estabilidad en esta parte de nuestra región. También tuvo una posición muy clara frente a la confrontación entre Cuba y los Estados Unidos después de su Revolución.
Como podemos observar, el actuar del gobierno de nuestro país en el concierto de las naciones no es un actuar fuera de los principios y valores de política exterior que están consagrados en la Carta de las Naciones Unidas y que fueron replicados en nuestra Constitución con el argumento de mantener un prestigio y un reconocimiento, sino más bien el ponerlos en la Constitución fue una camisa de protección ante los sucesos que se acontecían en aquellos años de inestabilidad política económica y social que generó crisis en el partido oficial en 1988.
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