Metapolítica
Ciudad de México.- Según información que publica el sitio Sin Embargo, el Gobierno de Michoacán investiga los contratos que la administración del exgobernador del PRD, Silvano Aureoles Conejo, firmó 300 millones de pesos en contratos con las empresas de productos médicos vinculadas al excandidato presidencial del PRI, Roberto Madrazo Pintado, financiador del portal LatinUS, dirigido su hijo Federico Madrazo Rojas, y su yerno Alexis Nickin Gaxiola.
El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla dijo “se va a investigar todo”, incluso a las empresas de los Madrazo que obtuvieron contratos de Silvano Aureoles.
“Estamos obligados a investigar, a implementar auditorías y que éstas den resultados”, enfatizó.
Alexis Nickin Gaxiola es dueño de Samedic, S.A. de C.V. y Hova Health S.A. de C.V., empresas con las que el gobierno de Silvano Aureoles firmó los contratos millonarios.
El Gobierno de Michoacán actual, revela Sin Embargo, “también busca identificar si funcionarios del anterior Gobierno cometieron delitos por estar vinculados a las empresas de LatinUS”.
La investigación revela que Marco Antonio Estrada Castilleja, secretario privado de Aureoles Conejo, es accionista de BCG Limited Consulting, S.A. de C.V., una de las empresas propiedad de LatinUS; además, Miguel Alonso Olamendi, vinculado al portal infromativo, cuyos comunicadores estelares son Carlos Loret de Mola y Víctor Trujillo, fue secretario particular del exgobernador perredista.
Alonso Olamendi es hijo de la exsubsecretaria del Gobierno de Vicente Fox, Patricia Olamendi, y del exdiputado federal perredista Miguel Alonso Raya. Fue representante del Gobierno de Michoacán en la Ciudad de México, y tenía como mano derecha a Marco Antonio Estrada Castilleja, socio formal de LatinUS.
La información detalla que el portavoz del Gobierno de Michoacán, Carlos Márquez, rechazó dar información sobre la fecha en la que podrían presentar las denuncias de carácter penal o administrativo, se analizan los contratos otorgados a las empresas citadas y la relación de servidores públicos del gobierno de Aureoles con BCG Limited Consulting, S.A. de C.V., cuyo otro accionista formal es precisamente el director general de LatinUS, Christian González Guadarrama.
Además de BCG Limited Consulting, S.A. de C.V., la empresa Digital Beacon Programatic Services, S.A. de C.V. también está detrás de LatinUS. Tiene el mismo objeto social, la misma dirección —Paseo de La Reforma 1620, en las Lomas de Chapultepec— y el mismo representante legal (Christian González Guadarrama).
Las empresas de material y equipo médico vinculadas a Roberto Madrazo recibieron 300 millones de pesos de parte del Gobierno de Michoacán por contratos, uno de ellos por adjudicación directa tras las elecciones federales de 2018, por 137 millones 991 mil 713 pesos para la empresa Samedic, S.A. de C.V.
Esa empresa recibió además otros tres contratos millonarios del gobierno michoacano: el 9 de abril de 2018, por 94 millones 711 mil pesos; el 31 de enero de 2019, por 94 millones 699 mil, y, el 30 de marzo de 2019, recibió otro por 113 millones 220 mil pesos.
Otra empresa propiedad de Alexis Nickin Gaxiola, Hova Health S.A. de C.V., recibió contratos del gobierno de Aureoles: uno, en 2019, por 10 millones 271 mil pesos.
El presidente Andrés Manuel López Obrador ha señalado que los ataques a su gobierno de parte de Carlos Loret de Mola, desde LatinUS, están vinculados a las empresas de productos y equipo médico que financian al medio informativo.
“De ahí viene el problema con Loret de Mola. Vean ustedes LatinUS, que es parte de la empresa que está financiando a quienes nos atacan. ¿A qué se dedican, además de los medios? ¿A qué se dedicaban? A vender medicamentos al Gobierno, políticos que vendían grandes cantidades de medicamentos, incluso adulterados, a precios elevadísimos, contratos con los gobiernos estatales, todavía los tienen”, dijo el mandatario.
La Fiscalía General de la República inició una carpeta de investigación, con carácter de “alta prioridad”, en contra de Silvano Aureoles por presuntos actos de corrupción durante su mandato.
La Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción (FEMCC) integró la carpeta de investigación FED/FEMCC/FEMCC-MCH/0000601/2021 y a mediados de diciembre de 2021 solicitó a la Secretaría de la Función Pública (SFP) información sobre los procedimientos administrativos que se hayan abierto en contra del exmandatario con motivo del ejercicio de sus funciones, revela Sin Embargo.
El presunto desfalco del cual está acusado Aureoles Conejo ascendería a 50 mil y 60 mil millones de pesos en diversos rubros, desde la seguridad pública hasta los de salud y económico, estimó el Gobierno de Michoacán.
La Contralora del estado, Azucena Marín Correa, dijo que las cifras son estimaciones, porque con la documentación actual sólo se pueden sustentar al menos 6 mil millones de pesos, que engloban las denuncias penales interpuestas hasta la fecha.
“Ahorita tenemos ya acreditado o comprobado 6 mil millones de pesos. ¿A qué me refiero con acreditado?, que ya lo puedo llevar a una instancia de justicia, pero ya con documentos, no es nada más decir: ‘es una tarea pendiente de investigación’. Ahorita el universo total sería aproximadamente de 6 mil millones de pesos, los que tengo acreditados ante instancias o que voy acreditar en los próximos días”, señaló la funcionaria.
La Contraloría de Michoacán, desde octubre de 2021, ha recibido al menos 148 denuncias o señalamientos por irregularidades o posibles desvíos dentro de la administración de Silvano Aureoles, mismas que derivarán en al menos 18 denuncias penales.
Hasta ahora, el Gobierno de Michoacán ha interpuesto 11 denuncias: cuatro ante instancias federales y siete ante la Fiscalía General de Justicia de Michoacán.
“Vamos a dividir por momentos: nosotros tenemos una recepción de denuncias y quejas, pero aparte están los hallazgos que encuentran a los servidores públicos. Ahí los hallazgos fue una cantidad de muchos años que en el transcurso del ejercicio de la administración se han ido difuminando, pero hay otros que se han ido agravando y ahí en esos encontramos sustracción de documentos, uso indebido de atribuciones y un sin número de irregularidades, hasta llegar a las más graves que ya presentamos ante instancias federales y estatales”, dijo la contralora Azucena Marín.
Tanto el secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña, como el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, han dicho que el monto ascendería a los 50 mil millones de pesos si a las irregularidades se suman la deuda pública con más 20 mil millones en créditos bancarios, más 5 mil millones de los seguros, más de 11 mil 648.6 millones de pesos de pasivos, que corresponden a la cotización de dos quincenas ante el ISSSTE, el adeudo de más de 13 mil millones a proveedores, entre otras inconsistencias.
“Ahorita tengo en proceso auditorías que me van a permitir documentar todo eso de lo que habló el secretario, pero esa parte yo necesito documentarla para tener los elementos… Las faltas son tan graves que muchas no las voy a poder determinar yo aquí en la Contraloría, pero estamos en el estudio de todo eso”, señaló la contralora.
Son 37 los funcionarios de la anterior administración, entre ellos el exgobernador Silvano Aureoles, los que son imputados por estos desfalcos, tanto en las quejas que recibió la Contraloría como en las acciones penales que ya interpuso ante las fiscalías federal y estatal.
Con información de Sin Embargo
