Héctor Tapia / Metapolítica
Morelia, Michoacán.- Miguel Ángel Aguirre Abellaneda podría ser destituido de la titularidad de la Auditoría Superior de Michoacán, y esto dependerá no sólo de si pagó o no su fianza para ocupar el cargo para el cual fue designado a mediados de diciembre del 2019 por parte del mismo Congreso del Estado.
También dependerá de la comprobación, con un paquete de evidencias documentales, de que se cumplieron con los correspondientes pasos del procedimiento para cumplir con el pago de dicha fianza.
Hasta el momento, se sabe, el cumplimiento de esta obligación está en duda, pese a que se ha solicitado por parte de legisladores de la Comisión Inspectora de la ASM a la misma presidencia de esta comisión que informe sobre este aspecto, información que no ha sido proporcionada a los mismos integrantes.
Es a partir de esto que el presidente de la Junta de Coordinación Política, Fidel Calderón Torreblanca, solicitó la evidencia documental directamente al auditor superior del estado para que sea resuelto el cumplimiento o no de este aspecto que, ha trascendido, debió cumplir e los primeros tres meses posteriores a haber tomado posesión de su cargo.
Según el documento que circula actualmente, firmado por Calderón Torreblanca, como presidente de Junta de Coordinación Política, se invoca a diversos artículos tanto de la Ley Orgánica y de procedimientos del Congreso del Estado, y “en cumplimiento al acuerdo tomado en la misma Junta de Coordinación Política, en reunión celebrada el 17 de marzo del presente año” es que se solicita la documentación que acredite el cumplimiento de la fianza.
Entre los documentos que se pidieron está el acuse de recibo del escrito, mediante el cual el Auditor Superior de Michoacán presentó al Congreso del Estado las pólizas de fianza “a efecto de cumplir con el mandato legal dispuesto en la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Michoacán, donde expresamente se dispone la obligación de otorgar fianza administrativa ante el Congreso ara el cumplimiento de sus funciones”.
También le pide a Aguirre Abellaneda que presente a documentación de “las pólizas de fianza expedidas oportuna y puntualmente para cumplir con esta obligación legal”, además de los CDFI emitidos como consecuencia del pago de las referidas fianzas.
Le solicita además los comprobantes de los pagos, mediante transferencia o depósito bancario, “que acredite la contratación de tales fianzas”; el documento solicita a su vez los certificados de no gravamen de las propiedades que se hayan puesto en garantía para su otorgamiento, y los demás documentos vinculados con el cumplimiento de y todo esto.
La solicitud de presentación de toda esta documentación comprobatoria establece u otorga un plazo de tres días hábiles a partir de que se notifica, aspecto que fue realizado este mismo martes 22 de marzo, por lo que se tiene toda esta semana para dar respuesta al respecto por parte del auditor.
Según fuentes del mismo Congreso local, el incumplimiento o falta de comprobación de estos requisitos, podría derivar en la destitución del actual auditor local, quien, cabe apuntar, también había pedido a funcionarios del actual gobierno que entregaran también los comprobantes correspondientes de fianzas en función del cargo que ocuparon.
