Morelia, Michoacán.- Los poderes públicos y los órdenes de gobierno del Estado mexicano, en su conjunto, tienen la obligación de velar por los derechos humanos de todas y todos. Sin embargo, hay mandatos específicos para proteger a grupos y personas en situación de vulnerabilidad por factores sociales, culturales, políticos o económicos.
En principio, dijo, “es indispensable reconocer que la desigualdad entre hombres y mujeres es estructural, es decir, está motivada por razones de género, etnia, clase social, entre otras”.
Comentó que existen distintos ordenamientos internacionales, federales y locales que establecen la obligación de todas las autoridades para erradicar las distintas formas de violencia reconocidas, por lo que instó a que el Congreso no permita que transcurra mayor tiempo sin que se reconozca y actúe ante esta situación.