Por Juan Adolfo Montiel H.
Desde 1988, cada presidente en turno impulsa o propone una reforma electoral para perfeccionar el sistema político; incluso, después de las elecciones de 1994 el presidente Zedillo señaló que la de 1996 sería la reforma electoral definitiva, algo que no ocurrió.
Con el presidente Vicente Fox se realizaron unas pequeñas adecuaciones, a pesar de que el IFE le entregó una serie de reformas necesarias para mejorar el sistema electoral; el desenlace fue la crisis política durante y después del proceso electoral de 2006. Ahora, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó se propuesta de reforma, denominada como “democrática”.
El mandatario mexicano aseguró que con su iniciativa de reforma busca que se acaben los fraudes, de los que incluso él padeció: “Que dejemos atrás de una vez y para siempre, la historia de fraudes. Ese es nuestro propósito. (…) No hay la intención de que se imponga un partido único. Lo que queremos es que haya una auténtica democracia en el país, que se terminen con los fraudes electorales, que sea el pueblo el que elija libremente a sus representantes”.
La cuestión es que nadie más habla de fraude en las elecciones, ninguna de las otras fuerzas políticas lo han señalado, algo que sí ocurrió en la elección presidencial de 2012 y durante las elecciones locales de 2013; es decir, desde que el IFE paso a ser INE, en 2014, no hemos tenido conflictos pos-electorales y la alternancia en el poder se ha incrementado.
Por ello, el argumento de que la reforma es para evitar los fraudes parece ya superado. Otra de las justificaciones para la intención de modificar el marco electoral es que busca abaratar el costo de la democracia, por lo que de aprobarse los cambios que propone en su iniciativa se podrían lograr ahorros por más de 20 000 millones de pesos al año.
Buscar la forma de disminuir el costo de las elecciones, es algo en lo que estamos de acuerdo, sin embargo, no considero que sea adecuado disminuyendo la representación política; la eliminación de 200 diputados federales y 32 senadores que obtienen una curul por la vía de representación proporcional, va a generar una menor representación de la votación obtenida, es decir, la traducción de votos por representantes se verá disminuida para los partidos políticos de poca votación.
Actualmente se elige una diputación por cada 252 000 habitantes, pero la propuesta es que se elija a un representante por cada 420 000 habitantes, mientras que en el caso de senadores se pasaría de elegir a un senador por cada 984 375 habitantes a cada millón 312 500 habitantes. Menores curules y escaños que asignar, afecta directamente a los que menos votación obtienen.
Por otro lado, la propuesta de como sería la representación proporcional parece interesante, en la presentación de la propuesta dijeron “La elección por listas obligaría a las personas candidatas a hacer campaña territorial, contrario a lo que ocurre con las actuales cinco listas de las circunscripciones plurinominales. Al votarse en cada entidad, las listas estarían integradas por personas nacidas en la entidad federativa o por residentes con antigüedad domiciliaria mínima de un año”. Es buena la propuesta, pero no la reducción de los espacios.
Algo similar plantea la reforma para la reducción de integrantes de Congresos locales, ya que a nivel estatal también se plantea que se establezca un criterio poblacional para la definición del número diputados de sus congresos locales.
“No podrá exceder de 15 diputaciones en aquellas entidades federativas cuya población sea menor a 1 millón de personas, y por cada 500 000 habitantes adicionales, podrá incrementarse en un diputado o diputada hasta un máximo de 45 diputadas y diputados”, se lee en la iniciativa, la cual incorpora un cuadro para destacar como sería la reducción de las curules en cada entidad federativa.
En el caso de Michoacán, la reducción sería de 18 curules para pasar de las 40 que se tienen actualmente (y desde hace 25 años) a 22 con la propuesta, esto es a casi la mitad. El impacto inmediato será menos representación política en las bancadas con menos diputaciones, aquellas que hoy tienen dos o tres representantes, se quedarían con uno.
La propuesta también contempla la reducción de integrantes de los ayuntamientos al establecer un límite de hasta nueve regidores de forma proporcional a la población de cada municipio. Es decir, una representación democrática más barata, con menos gasto, pero con menos pluralidad.
En la siguiente entrega, abordaré la eliminará el financiamiento público ordinario de partidos políticos nacionales y locales; también sobre la reducción de los tiempos en materia electoral en radio y televisión, lo anterior como mecanismo para abaratar nuestra democracia.
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