Gustavo R. Gallardo / Metapolítica
Morelia, Michoacán.- El diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Ernesto Núñez Aguilar, propuso una reforma a la Ley por una Vida Libre de Violencia para las Mujeres para motivar a las menores de edad a que denuncien si su embarazo es producto de abuso sexual. Esto, dijo en un comunicado, “para facilitar el acceso a la justicia a menores de edad víctimas de violencia sexual”.
En su argumento, el legislador michoacano cree que las causas del embarazo en niñas y adolescentes son variadas, y que en la mayoría se asocian “a situaciones fuera de control y donde [las menores] no pueden tomar una decisión deliberada, derivando en embarazos forzosos y en una gestación y maternidad impuestas”.
En ese sentido, apoyándose de “datos de encuestas nacionales, censos de procuración de justicia y estadísticas”, detalló que la organización Ipas México identificó que la violencia de género “y específicamente la violencia sexual”, son de los principales factores de “los altos números de embarazos en niñas de entre 10 y 14 años en el país”.
En el comunicado, Ernesto Núñez considera que su propuesta de reforma buscará que sea la titularidad de la Secretaría de Salud la que canalice a las menores de edad embarazadas a la unidad de Trabajo Social, para que, “conjuntamente con un profesional en Psicología”, emitan un dictamen y “se descarten riesgos que las presuman como víctimas de violencia sexual”.
Además, permitirá que si se identifica en la menor de edad embarazada signos de violencia sexual, dar aviso inmediato al Ministerio Público, “lo cual dará como resultado un aumento en el índice de denuncias”.
Y agrega: “Ya que, ante el temor o riesgo de represalias, de ser culpadas o falta de apoyo, así como a violencia física, psicológica y emocional, no presentan la querella correspondiente ante la autoridad competente”.
En el documento enviado por el departamento de comunicación del legislador, se menciona que según estadísticas de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), de cada 100 casos de agresiones sexuales cometidos en México, sólo seis son denunciados, de las cuales sólo a un tercio son consignadas ante los tribunales de justicia.
