Metapolítica
Morelia, Michoacán.- El Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, planteó que el sistema electoral de México puede perfeccionarse cumpliendo condiciones que no provoquen regresiones o dinamiten el sistema electoral, ante la reforma propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Destacó que se trata de la primera iniciativa que es presentada desde el gobierno en los últimos 30 años, “no por oposición”, además señaló que no está precedida por una amplia discusión pública y el consenso.
Reflexionó que sería “refundacional”, por un lado, porque plantea la eliminación del INE en su estructura e integración “la operación territorial no esté centrada en la profesionalización de funcionarios, sino en funcionarios temporales”. Además, esta dinámica sería aplicada en las elecciones presidenciales en 2024 y no en intermedias.
Córdova Vianello consideró, por otra parte, seis de condiciones para hacer una reforma. La primera consiste en perfeccionar el sistema de representación política, ya que se sigue aplicando una regla de 25 años de antigüedad para la composición de la Cámara de Diputados y en el Senado de la República.
La segunda es racionalizar el financiamiento público “los montos del financiamiento público creo que hoy genera, incluso, incentivos perversos a los partidos políticos”.
Planteó también, menores costos del sistema electoral a partir de procedimientos más simples sin perder la confianza, por ejemplo, avanzar hacia el voto electrónico; sin embargo, si una modificación en esto no logra consenso, señaló más conveniente continuar así, privilegiando la confianza de los electores.
Por otra parte, sugirió simplificar el sistema y eliminar, siempre que haya consenso, algunas de las prohibiciones hoy existentes, como “la no intervención de los funcionarios públicos como lo establece el artículo 134 en los procesos electorales vulnerando con ello el principio de equidad”.
Y finalmente, incorporar o corregir en la ley algunas decisiones que por la vía administrativa y/o jurisdiccional se han tomado desde la reforma electoral de 2014.
