Héctor Tapia / Metapolítica
La Auditoría Superior de Michoacán (ASM) fue “absorbida” presupuestalmente por el Congreso del Estado, pese al rechazo de las fracciones del PRI y del PRD, a partir de una serie de presuntas irregularidades que fueron expuestas durante la sesión del legislativo.
Las presuntas irregularidades detectadas expuestas, sobre el manejo de recursos y toma de decisiones por parte del auditor Miguel Ángel Aguirre Abellaneda, fueron las que llevaron a la mayoría de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y al Comité de Administración del Congreso a llevar el asunto al pleno.
Pese a este intento de frenar por parte de los diputados del PRD y del PRI, de que no se aprobara el proyecto de presupuesto de egresos del Congreso del Estado para el 2023, por mayoría fue avalado el presupuesto que asciende a mil 187 millones de pesos.
El debate se avivó a partir de que en la Unidad Programática del Congreso local se absorben los gastos operativos de la Auditoría Superior de Michoacán (ASM), aspecto que se reprochó por algunos legisladores que rechazaron la propuesta, mientras que una mayoría avaló que presupuestalmente la auditoría dependiera del Poder Legislativo.
Esta determinación fue avalada con 23 votos a favor, 14 en contra, y una abstención, y contempló un par de reservas respecto al dictamen original.
En este contexto el coordinador parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) el legislador Víctor Manríquez González, calificó como lamentable la determinación, al considerar que la misma se hizo fuera de la norma y contra la misma constitución política del estado, donde se establece, dijo, que la Auditoría local tiene autonomía técnica, de gestión, y de ejercicio de su presupuesto.
Dijo que “no es posible que por hacer de lado a la auditoría por una cuestión política se viole la ley”.
En tanto que la legisladora morenista Seyra Alemán, aseveró que prevalece la autonomía sobre la gestión, siendo esto lo que esta establecido en la ley, pero que no se debe interpretar como una autonomía financiera porque esta depende del Congreso local.
Por su parte el legislador petista, Baltazar Gaona, dijo que “el tema de la auditoría era el distractor perfecto para esconder el presupuesto del Congreso, y ocultar los manejos” del mismo en el Legislativo.
El diputado local por Morena Juan Carlos Barragán, tras remarcar que es falso que sea inconstitucional eliminar la Unidad Programática Presupuestal de la ASM, para pasarla al Congreso, detalló una serie de presuntas irregularidades en la conducción del titular de la auditoría local, aspectos que llevaron a que se elaborara el dictamen que se presentó, y finalmente se aprobó, entre las que destacó contratos que ha otorgado de manera irregular, así como también irregularidades en su función fiscalizadora.
Al insistir en que la decisión es un atropello a la autonomía presupuestal de la auditoría local, el diputado Oscar Escobar Ledesma, al tomar la palabra, dijo que se tiene que defender la autonomía presupuestal del organismo fiscalizador.
“Más allá de las personas que ostentan los cargos, están las instituciones”, explicó en alusión a las críticas y señalamientos que se han hecho sobre el auditor.
“Si hay otros motivos para perseguir a un funcionario, que haya otras instancias y no torzamos la ley desde el Congreso no usemos las instituciones para perseguir, sigamos los cauces legales correctos, y no por una revancha personal destruyamos esta institución que costó muchos años la autonomía financiera”, enfatizó.
