Héctor Tapia / Metapolítica
Por presunta negligencia del Auditor Superior de Michoacán (ASM), Miguel Ángel Aguirre Abellaneda, prescribieron más de 3 mil expedientes ligados a presuntos actos de corrupción.
Esta y otras presuntas irregularidades fueron detalladas en un decálogo presentado por el legislador Juan Carlos Barragán Vélez, tras aseverar que todas estas irregularidades fueron las que llevaron a plantear que la ASM regresara a depender presupuestalmente del Congreso local.
Barragán Vélez dijo que no es inconstitucional la determinación de regresar a la auditoría local a depender del Poder Legislativo, y en contraparte detalló los factores que llevaron a elaborar este dictamen que finalmente fue avalado.
Estos factores fueron calificados por el legislador como atropellos y faltas, cometidas por el auditor Aguirre Abellaneda, entre ellas están que en el 2022, dijo, la ASM permitió que prescribiera la posibilidad de sancionar a ex funcionarios en más de 3 mil expedientes que se tenían ante el organismo fiscalizador, aspecto que señaló como negligente.
También, dijo, el auditor autorizó dos pagos por 48 millones de pesos a dos empresas propiedad de Manuel Álvarez Puga, quien está acusado de peculado, lavado de dinero y evasión fiscal, y que fue señalado por instalar un sistema de espionaje con que el ex gobernador, Silvano Aureoles, para espiar a personajes michoacanos.
Tampoco, detalló Barragán Vélez, cumplió con el pago de la fianza que debió cumplir para poder asumir su cargo.
Entre otros aspectos, el legislador morenista dijo que también se adquirió un software de manera irregular por un costo de 9 millones de pesos, además de que “se otorgan en la ASM compensaciones de manera discrecional a los servidores afines al titular”.
“Son varias las tropelías en esta institución que debería ser la más transparente”, aseveró Barragán Vélez, quien dijo que sí se requiere una auditoría autónoma, “pero no convertida en una auditoría que atienda los intereses de corruptos”.
