Bolsonaro insistió en tener recibos impresos para evitar el fraude, sin presentar ninguna prueba de que el sistema brasileño de voto electrónico sea vulnerable a la manipulación. No fue escuchado.
Brasil canceló el contrato de compra porque sus autoridades sanitarias aprobaron usar la Sputnik V con varias restricciones, además de que el Ministerio de Salud no incluyó esa vacuna en su campaña nacional de inmunización. Argentina y Bolivia, los otros beneficiados.
El cálculo proviene del Día de Sobregiro de la Tierra, una fórmula que permite establecer en qué día del calendario un país consume los recursos naturales que el planeta puede regenerar al año.
“Que te toque un hueso es toda una alegría. La única carne que me llevo a la boca desde hace tiempo es la de esos huesos. ¡Está todo caro!”, explica Joacil Romão da Silva, de 57 años.
Esa tendencia contrasta con la que el FMI ve en otras economías emergentes como China, la India o Arabia Saudí, donde empeoran las expectativas para este año.
Esta es la quinta vez que el presidente ingresa a una nosocomio por un emergencia. En 2018, durante un evento público cuando estaba en campaña, fue apuñalado en el abdomen.
Un grupo de más de 120 personas, entre partidos de derecha, movimientos sociales, sindicatos y asociaciones, presentaron el miércoles un “superpedido” de impeachment para el presidente Jair Bolsonaro, acusado de unos 20 cargos por denuncias de corrupción vinculadas a la compra de vacunas.
La decisión invalida las pruebas recogidas por el exjuez Sergio Moro. Esto dejaría fuera la posibilidad de una condena rápida en segunda instancia e impediría a Lula presentarse a las elecciones presidenciales de 2022.
El gigante sudamericano atraviesa una fatal segunda ola de la pandemia, mucho peor que la primera. Y la población parece no preocuparse en demasía. Este domingo centenares de cariocas volvieron a llenar las playas de Río de Janeiro.
Brasil juzgará también la decisión de declarar “parcial” al exjuez Sergio Moro, quien encarceló a Lula y fue “premiado” más tarde por el presidente Jair Bolsonaro con el ministerio de Justicia y Seguridad Pública de Brasil.
