Encarcelar a los mexicanos puede ser un negocio redondo para los particulares que mantienen los 10 recintos penales privados que hay en el país. El tema no es nuevo, pero esta semana adquirió nuevos bríos luego que el presidente López Obrador anunciara que investigará supuestos abusos en el penal de Buenavista Tomatlán. Las empresas proveen de todos los servicios a los presos, y cobran al estado mexicano por ello. La ecuación es simple: mientras menos gastan en una reinserción efectiva, más dinero ganan. Una aberración estructural que aterrizó en el país como otra de las nefastas herencias del expresidente Felipe Calderón.
