El legislador del PRI se refirió al retiro del plantón que mantenía la CNTE en Morelia y dijo que es necesario que los acuerdos que se establezcan durante las reuniones con el sector educativo sean “por un ganar-ganar para bien de todas y todos”.
El diputado local Hugo Anaya Ávila, integrante de la Comisión de Seguridad, dijo que si bien siempre es una posibilidad el llamado a una comparecencia, lo primero es agotar el diálogo a través de estas reuniones, cuyo fin es conocer de primera voz la ruta que en materia de seguridad está siguiendo el estado.
Los índices de inseguridad en Michoacán son un reflejo de la nula estrategia por parte de la federación, dijo Oscar Escobar Ledesma, y afirmó que los municipios de encuentran solos para el combate de la delincuencia.
La legisladora local del PRI informó que fueron expuestas 10 propuestas de reforma a legislaciones existentes en el estado y proyectos, los cuales pueden ser catapultados por los congresistas michoacanos ante el Congreso de la Unión.
El 7 de febrero fue asesinado el alcalde de Contepec, Enrique Velázquez Orozco. La propuesta de suplencia, a decir de la diputada Adriana Hernández Íñiguez, se turnará a la Comisión de Gobernación.
La fracción del magisterio pidió a los diputados exhortar al gobernador Alfredo Ramírez para que abriera una mesa de diálogo para solucionar una serie de planteamientos que los han llevado a escalar sus protestas.
El legislador del PVEM dijo que su propuesta no busca poner trabas a los congresistas para ejercer sus facultades, sino que la calidad en la información y contenido de las iniciativas legislativas sea de acuerdo con el nivel de importancia del mismo.
La diputada presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, Adriana Hernández Iñiguez, dijo tener la certeza de que el informe que le fue entregado constituye una radiografía acerca del número de personas que acudieron al Tribunal, pero también el sentido de los fallos emitidos en el cumplimiento de estos.
Antes de entrar a un tema de legalización de la interrupción del embarazo, se tiene que dar el primer paso que es la armonización con el ordenamiento de la SCJN respecto a la despenalización de esta práctica, coincidieron las legisladoras Adriana Hernández Íñiguez y Fanny Arreola.
“Las conductas delictivas realizadas por los agresores deben ser castigadas con mayor severidad, porque no solamente dañan a las víctimas y su entorno familiar, sino a toda la sociedad, provocando atentados contra la convivencia social”, comentó la legisladora local.
