En síntesis, se trataría de un pacto entre funcionarios del gobierno de Enrique Peña Nieto destinado a desviar sistemáticamente recursos públicos. El desfalco involucraría a las secretarías de Hacienda y Relaciones Exteriores, la embajada de México en Estados Unidos y los consulados en Los Ángeles, Nueva York, Chicago, Dallas y Laredo.
