Los familiares de nueve de las víctimas demandan que Remington no debió vender un arma tan peligrosa al público, y alegan que la publicidad estaba dirigida a hombres jóvenes y vulnerables mediante videojuegos violentos.
A casi cuatro años de que Arantepacua pasara a formar parte del registro de casos que sigue la CNDH, sus habitantes aún exigen justicia a las autoridades y castigo a los elementos que tuvieron participación en el operativo.
