El gobernador se retiró de las instalaciones no sin antes hablar con la prensa local y nacional, y reiterar que su siguiente paso será acudir a las instancias internacionales.
“No me voy a cansar hasta que se reciban las pruebas que tengo en mi poder porque soy consciente de la gravedad de los hechos que ponen en riesgo el futuro de la nación”, tuiteó el gobernador sobre documentos que comprobarían la supuesta intervención del crimen organizado en las elecciones del 6 de junio.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó su solicitud para revisar el fallo emitido por un tribunal colegiado, lo cual deja firme la sentencia en su contra.
“Por ser un tema del más alto interés público, el próximo lunes acudiré a la @SCJN para llevarle al ministro presidente las pruebas de la intervención del crimen organizado en las elecciones del pasado 6 de junio”, tuiteó el gobernador.
AMLO habló explícitamente de la posibilidad de intentar revertir la medida. "Si vemos que en vez de ayudar perjudica, plantearíamos un cambio. Enviaría yo, de acuerdo a mis facultades, una iniciativa de ley", señaló.
La nueva directriz estará vigente desde que se publique la declaración de inconstitucionalidad en el Diario Oficial de la Federación y mientras el Congreso de la Unión no legisle al respecto.
La impugnación fue redactada por el grupo parlamentario de Acción Nacional y suscrita por el llamado bloque de contención integrado por el PRI, el PRD y Movimiento Ciudadano.
Integrantes de las bancadas del PAN, PRI, PRD, MC y Morena acusan al Presidente de la República de no respetar la Constitución y llaman a los ministros de la Corte a actuar con profesionalismo e independencia para hacer valer la autoridad del máximo tribunal.
"Y que ya no queremos que sigan deteniendo a mexicanos en Estados Unidos y que se siga manteniendo la idea de que en México se protege a delincuentes. Eso afecta la imagen de nuestro país", dijo el presidente en alusión directa al poder judicial.
La reforma favorece a la CFE en perjuicio de empresas privadas y extranjeras. En detalle, elimina el criterio económico para despachar primero las plantas hidroeléctricas y de combustibles fósiles de la CFE sobre las centrales privadas de renovables y de ciclo combinado.
