La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reveló que en el caso de Palmarito Tochapan, Puebla, no sólo contaba con el video difundido este miércoles, en el que se observa que un militar dispara sobre la cabeza de una persona que yace sometida en el piso, sino además tiene en su poder otras videograbaciones de lo acontecido, mismas que son analizadas por el organismo nacional.
Informó que desde el mismo día de los hechos, y a partir de la queja recibida, se acordó la apertura de un expediente y se enviaron visitadores adjuntos a la Fiscalía General del estado de Puebla, con el objetivo de dar inicio a las investigaciones correspondientes.
Además del escrito de queja, la CNDH señaló haber recibido “diversas videograbaciones” que se han incorporado al expediente y ha procedido a su análisis por medio de especialistas de la institución.
“La gravedad de las imágenes aparecidas en una videograbación entregada a este organismo nacional, reproducidas el día de hoy por distintos medios de comunicación, demanda que las investigaciones se lleven a cabo con la mayor celeridad posible, sin afectar la seriedad y responsabilidad que se requiere”, señala la comisión nacional en un comunicado.
Asimismo, reprobó todo acto violento que esté fuera de la ley, independientemente de donde provenga, y reiteró la necesidad de que todas las indagatorias que se realicen cumplan con los principios de objetividad, imparcialidad y exhaustividad para evitar incurrir en violaciones a los derechos humanos y se propicie que efectivamente se llegue a la verdad.
Por lo anterior, añadió la comisión, se practicarán todas las diligencias que resulten necesarias “para la integración del expediente de queja mediante una investigación detallada y diligente, a fin de analizar y valorar todos los elementos de convicción que obren en el mismo y hacer el pronunciamiento que corresponda”. De igual forma, reiteró la necesidad de que todos los mexicanos sujetemos nuestra actuación al respeto de las leyes y de la dignidad humana.
Hay que recordar que la noche del 3 de mayo, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó de un enfrentamiento con un grupo de personas armadas dedicadas a robo de combustible, identificados como huachicoleros. El saldo de estos hechos fue de cuatro militares muertos y nueve heridos por arma de fuego, así como “seis agresores” abatidos, uno herido y 12 personas detenidas, entre ellos dos menores de 12 años de edad.
Ejército seguirá combatiendo huachicoleros
El gobierno del estado, encabezado por José Antonio Gali Fayad, aseguró que los operativos que se realizan contra bandas dedicadas al robo de combustible a ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) son respetuosos de los derechos humanos y aseguró que en ellos se seguirá contando con la presencia y apoyo del Ejército Mexicano.
Luego de la difusión de videograbaciones donde se aprecia la presunta participación de soldados en una ejecución ocurrida en la comunidad de Palmarito Tochapan, municipio de Quecholac, durante un operativo realizado el pasado 3 de mayo, las autoridades poblanas emitieron un comunicado.
En el documento se señala que la Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación desde el momento en que se tuvo conocimiento de la agresión contra personal militar, en la que resultaron cuatro miembros del Ejército Mexicano fallecidos y 11 heridos, incluido un elemento de la policía estatal.
En el citado operativo murieron, además, seis de los presuntos agresores.
“Las indagatorias de la fiscalía local continúan y en su oportunidad se dará vista tanto a la Procuraduría General de la República (PGR) como a la Fiscalía General Militar para que procedan en el ámbito de sus respectivas atribuciones, indicó el gobierno estatal.
Agregó que el agente del Ministerio Público Militar, en términos de la normatividad que le es aplicable, abrió carpetas de investigación como lo hace cada vez que se suscita una agresión a personal castrense. Dicha indagatoria está en curso.
“El gobierno de Puebla continuará combatiendo las bandas de delincuencia organizada dedicadas al robo y comercialización de combustible que operan en su territorio, de manera coordinada entre los tres órdenes de gobierno y, en particular, con las fuerzas armadas”, subrayó el comunicado oficial.
“Este gobierno -concluye- reitera su compromiso de conducirse en todo operativo con apego a la ley y pleno respeto a los derechos humanos.”
