En 11 años han sido asesinados violentamente 100 alcaldes en funciones, electos y ex alcaldes en lugares dominados por el crimen organizado.
De acuerdo con un estudio de la Asociación Nacional de Alcaldes (Anac), 2010 y 2014 fueron los más letales, en el primer caso, para alcaldes en funciones, y en el segundo para ex alcaldes, en cada año se registraron 17 asesinatos.
Durante la presente administración el número de víctimas ha mostrado una tendencia al alza, pues de 2013 a la fecha han sido ultimados 51, mientras que en la administración del ex presidente Felipe Calderón fueron asesinados 49.
Los estados con más riesgo para los alcaldes son: Guerrero, Michoacán, Oaxaca y Veracruz; siendo militantes del PRI los que mayor número han sido asesinados: 43 en total; seguido del PRD con 22; y el PAN con 15.
El estudio detalla que los municipios en los que existe violencia contra alcaldes en funciones, electos y ex alcaldes corresponden geográficamente a las áreas de mayor influencia de carteles de la droga y grupos del crimen organizado.
Algunos de los funcionarios habían denunciado amenazas por parte de grupos del crimen organizado, principalmente para que pagaran derecho de piso, como fue el caso de ex alcalde perredista de Pungarabato, Guerrero, Ambrosio Soto Duarte, y el ex alcalde de Santa Ana Maya, Michoacán, Ygnacio López; quien meses antes de su homicidio, había protagonizado una huelga de hambre en el Senado de la República para denunciar las extorsiones que sufrían él y otros alcaldes.
El informe hace referencia a que entre 1995 y 2 014 existieron 494 ataques de cárteles de la droga y de otros grupos del crimen organizado en contra de autoridades, candidatos y activistas políticos municipales. El 90 por ciento fueron entre 2007 y 2014, como resultado, el 53 por ciento de los ataques terminaron en homicidios.
“Es claro que la situación es seria y no se puede negar que se ha convertido en una grave amenaza para la seguridad y la estabilidad en todos los niveles de la sociedad, la política y el gobierno”, apunta el escrito.
Además, agrega, los ataques por parte de los cárteles contra jefes de policía, políticos y funcionarios públicos están pensados como una forma de presionar al Estado para que evite la confrontación y reestablezca un espacio en el que las organizaciones delictivas puedan funcionar bajo un alto grado de impunidad; “esto revela la falta de respeto hacia las autoridades de todos los órdenes de gobierno”.
La asociación reconoce que la violencia que se sufre en el país se puede considerar como el producto de la transición democrática, donde los acuerdos se han derribado y son reemplazados por una rivalidad abierta entre crimen y Estado”.
