Son los últimos días del mes de julio de 2018. El Instituto Nacional Electoral ha declarado como vencedor de las elecciones de Presidente de la República al candidato de la coalición MORENA – PT – PES, Andrés Manuel López Obrador. Esto ha ocurrido después de una contienda reñida en la que el margen de diferencia entre él y su mas cercano competidor, José Antonio Meade, se fue cerrando al paso de la campaña electoral.
El tabasqueño, prácticamente ya próximo inquilino de Los Pinos, ha dado a conocer una serie de medidas que significarían un golpe de timón importante en la conducción del país y un viraje en las políticas públicas que se han instrumentado en los últimos sexenios. De entrada, ha deslizado la posibilidad de sugerir a las cámaras del congreso una serie de modificaciones a las reformas más importantes emprendidas por la administración peñanietista, entre ellas la energética y la educativa.
Pero la tarea más ambiciosa que se ha impuesto para su gobierno es la de lograr la pacificación social. Una labor que se antoja titánica en medio de un país que se ha ensangrentado en los últimos doce años en los cuales se ha duplicado la tasa de homicidios violentos y ante cuya tragedia los gobiernos de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto han optado por la lógica simplista de mayores presupuestos a las áreas de seguridad, sin la evaluación de sus resultados.
El fenómeno de la violencia, que a inicios de la década pasada parecía estar focalizado a zonas de alta conflictividad como Tamaulipas o la zona fronteriza de Baja California, parece haberse generalizado a áreas del país que antes vivían en relativa calma, tales como algunas zonas turísticas.
Las dificultades de combatir al narcotráfico a través de una estrategia univariable, no fueron entendidas ni evaluadas por las administraciones que preceden al ya prácticamente entrante gobierno lopezobradorista. Detrás de la proliferación de cárteles y del poder de los mismos, se encuentra la existencia de una frontera amplísima con un vecino al norte que tiene una alta demanda de enervantes y cuyos esfuerzos por disminuirla han sido mínimos en los últimos años, ello ante el silencio del gobierno mexicano incapaz de alzar la voz frente al republicano Donald Trump.
Por otro lado, la simple detención de personas en territorio nacional por posesión de droga ha llevado a que más del 40 por ciento de los presos por este delito hayan sido aprehendidos con estupefacientes cuyo valor asciende en promedio a los 500 pesos.
Con más elementos de seguridad en las calles, con un mercado de drogas altamente demandante en el norte, con una economía deprimida que no ha abierto oportunidades de empleo en las últimas décadas y con cárceles llenas de pequeños consumidores de drogas que son criminalizados; el saliente gobierno de Enrique Peña Nieto apenas y alcanzó a incrementar la cantidad de marihuana que puede poseer un ciudadano de forma legal, sin contemplar otras medidas adyacentes para mermar el tráfico de estupefacientes.
La estrategia sugerida por López Obrador -hasta donde ha trascendido- es una ruta de paz que contempla estas variables dentro de una compleja estrategia que ve al fenómeno de la violencia y la inseguridad de forma integral. En esta idea, se incorpora la necesidad de mecanismos y programas de inclusión social que mermen las capacidades de cooptación de jóvenes que son atraídos a tareas de sicarios o narcomenudistas en las redes de criminales, un diálogo con el gobierno norteamericano que vislumbre una estrategia binacional para atender el problema del tráfico de drogas y armas, así como cambios en la legislación que evite la criminalización de pequeños consumidores de drogas, mismos que deben ser atendidos desde un enfoque de salud pública.
