El estimado y reconocido investigador social de la UNAM, Víctor Toledo, recuperando la preocupación surgida en un reciente evento sobre la democracia mexicana, advierte y propone -frente al presunto fraude electoral que se avecina para la elección presidencial de este año-:
“Lo primero que se va a necesitar es un ejército de observadores nacionales e internacionales y de organizaciones dedicadas a denunciar los actos fraudulentos a escala local, estatal y nacional. Aquí las universidades, que son los sectores más ilustrados e informados, pueden jugar un papel fundamental. Imagine, lector, solamente a los 350 mil estudiantes y los 50 mil investigadores, profesores, y empleados de la UNAM organizados para dar certeza a la elección. Por lo pronto, ha surgido ya una Red Universitaria y Ciudadana por la Democracia, que deberá marcar los caminos a seguir. Detengamos el fraude. Aún estamos en tiempo.”
El recuento de Toledo sobre los mecanismos aplicados por el bloque en el poder para burlar la voluntad popular en 1988, 2006 y 2012 es inobjetable porque corresponde al nivel de control clientelar ejercido sobre millones de votantes; a la manipulación de las instancias e instituciones encargadas de operar y dictaminar las elecciones y al uso asfixiante de los medios de comunicación al servicio del bloque dominante.
Pero, si tales mecanismos también son aplicados en otros países, por ejemplo, de América Latina ¿por qué allá se ha logrado imponer la voluntad popular en diversos casos como Ecuador, Bolivia y Venezuela? El factor que hace diferente esos procesos es claramente el protagonismo y movilización de los pueblos antes, durante y después de los procesos electorales. Así, no queda espacio para el fraude.
En México, todo está condicionado al comportamiento de las instancias e instituciones controladas desde el Estado y el bloque dominante. El pueblo recibe pasivamente durante los meses de campaña los mensajes de los candidatos, acude el día de la votación y espera el resultado que anunciarán quienes controlan el proceso. Las protestas por la aplicación de los mecanismos más escandalosos del fraude sólo pueden procesarse de acuerdo a las normas, los procedimientos y los tribunales electorales, los cuales sólo ratifican y califican la consumación del fraude.
El pueblo tiene así que esperar pasivamente otra oportunidad para que le apliquen la misma la receta.
Entonces, afloran las preguntas:
¿Puede o no puede un pueblo movilizado en el marco mismo de la campaña levantar las demandas y soluciones a los graves problemas que vive para que sean asumidos como el programa a cumplir por los candidatos realmente comprometidos con él –con el pueblo en lugar que éstos ofrezcan lo que van a hacer con el poder en caso de ganar la elección?.
¿Puede o no puede el pueblo movilizado acudir a los sitios de votación y de cómputo y dictamen en medio de una movilización física y política para garantizar la limpieza el día de la elección y no para observar solamente?
¿Puede o no puede el pueblo movilizado inmediatamente después de la elección emplazar a las instancias e instituciones encargadas del dictamen y calificación del proceso electoral con una movilización verdaderamente nacional que las obligue a respetar la voluntad popular?
Porque las experiencias anteriores dejan claro que con las mismas prácticas de los electores no habrá resultados diferentes.
Es cierto, ante el desprestigio creciente de los candidatos que compiten con AMLO se fortalece como nunca su candidatura, pero, es muy grande la tentación del fraude para quienes tienen todos los mecanismos y herramientas “legales” para cometerlo; más si tienen el respaldo del imperio del norte.
A lo anterior, se agregan tres desventajas que pueden determinar la facilidad o dificultad que encuentren los operadores del fraude:
La primera, AMLO y Morena carecen de la estructura electoral aceitada que tiene el PRI, incluso el PAN en prácticamente todo el país. Las deserciones de esos partidos hacia Morena no alcanzan a cambiar esa realidad.
La segunda, AMLO y Morena no tienen la cantidad de recursos que aportan los funcionarios de todos los niveles favorecidos con el poder y la corrupción actuales, además de las aportaciones de las grandes corporaciones y de fuentes directamente delincuenciales.
La tercera, Morena tiene su mayor capital político con AMLO, pero, carece del número necesario de cuadros con arrastre de votos para disputar la elección en todos los niveles y espacios y muchos de sus candidatos y candidatas se “recargan” en el candidato presidencial en lugar de aportarle más votación.
Las desventajas señaladas pueden ser revertidas si se logra motivar la movilización del pueblo de México como ya se planteó.
