La Cámara de Diputados aprobó con 205 votos a favor, 168 en contra y cero abstenciones la Ley General de Comunicación Social.
El dictamen tiene como objetivo establecer las normas a que deberán sujetarse los entes públicos a fin de garantizar que el gasto en comunicación social cumpla con los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez; y, respete los topes presupuestales, límites y condiciones de ejercicio que establezcan los presupuestos de egresos respectivos.
Sin embargo, organizaciones sociales denuncian que esta ley incentivaría el uso proselitista de la publicidad oficial que afectaría la equidad de la contienda electoral, además promueve un gasto discrecional y excesivo.
El dictamen atiende el mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de crear una ley reglamentaria al artículo 134 de la Constitución, reformado en 2014.
De acuerdo con el dictamen, los medios de comunicación tienen garantizado el pleno ejercicio del desarrollo a la libertad de expresión en la contratación y difusión de propaganda gubernamental.
“La Secretaría de Gobernación (Segob) administrará el uso de los tiempos del Estado y de los tiempos fiscales, conforme a lo dispuesto por la Ley Federal de Telecomunicaciones, salvo en el caso de los tiempos oficiales que administra el Instituto Nacional Electoral”.
La distribución de los tiempos fiscales se realizará en la proporción siguiente: 40% al Ejecutivo federal; 30% al Poder Legislativo federal; 10% al Poder Judicial Federal; y, 20% a los entes autónomos constitucionales.
El dictamen pasará al Senado para que sea discutido en lo particular y de aprobarse entrará en vigor el 01 de enero de 2019.
La Ley fue aprobada con el voto del PRI, PVEM y Panal, que conforman la mayoría en San Lázaro.
Aunque el PRD propuso al PAN dejar la sesión para que no hubiera quórum, los panistas no aceptaron para no caen en incumplimiento al mandato de la Corte, informó Reforma.
Los diputados del PAN, PRD, Morena y Movimiento Ciudadano presentaron reservas para modificar varios artículos, los cuales serán votados uno por uno.
La oposición y los organismos de la sociedad civil acusan que no se reglamentó conforme había instruido la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y que todo fue una simulación del PRI y sus secuaces.
De hecho, la mayoría conformada por el PRI, Partido Verde y Nueva Alianza desechó las reservas presentadas por legisladores de oposición y aceptó únicamente las que presentó el representante tricolor Ricardo David García Portilla, quien propuso que la contratación de la publicidad gubernamental pueda hacerse entre diversas entidades en conjunto, en caso de una emergencia.
“Suponte que ya estás en el límite o ya no alcanza tu presupuesto para cubrir una campaña por una situación de emergencia de determinada magnitud y, entonces, que mal sería que la ley te acote esa parte y no puedan cumplir con la sociedad”, argumentó el legislador priista.
Mientras la discusión ocurría en el pleno, afuera de San Lázaro integrantes de las organizaciones Fundar y Artículo 19 encabezaron protestas en reclamo a lo que denominaron “ley chayote”. Aseguran que no se regula el gasto de la publicidad oficial en medios de comunicación, sino que se legaliza la corrupción mediática.
Cabe señalar que en esta administración se han gastado alrededor de 40 mil millones de pesos en la contratación de publicidad oficial, siempre sobrepasando los límites presupuestales establecidos por las autoridades competentes.
La Ley General de Comunicación Social, por mandato de la SCJN, debe ser emitida a más tardar el próximo 30 de abril.
Con información de Reforma
