Por Gerardo A. Herrera Pérez
De conformidad con un estudio sobre igualdad entre mujeres y hombres en México, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos concluye importantes aportes, que los Gobiernos locales deberían de considerar, o bien para precisar o simplemente para ponerse a trabajar en la construcción de estas epistemes.
La CNDH, expresa que en las 32 entidades del país, el panorama de las políticas públicas en materia de igualdad aparece fragmentado y complejo, plantea que es importante además de la armonización legislativa, es urgente llevar a cabo una evaluación en profundidad de todas las acciones puestas en marcha en materia de igualdad y transversalización.
La CNDH, señala algunas cuestiones que de suyo son importantes, pero que al parecer los gobiernos locales, poco han logrado impactar, aunque seguramente habrá algunas entidades mayormente fortalecidas por sus aportes, me permito hacer algunos comentarios.
El informe comenta que, no se tiene con precisión un concepto de igualdad, ni una metodología que constituya el punto de partida para la elaboración de políticas públicas en esta materia. En este sentido debemos de recordar que las Comisiones locales, también son mandatadas por la ley local de la materia para hacer el seguimiento correspondiente a las políticas de género local.
Por lo que las Comisiones Locales deberán de presentar un informe periódico. Habría que preguntar a las Comisiones locales que condiciones prevalecieron en el 2015, 2016, y 2017 sobre este tema y las políticas públicas de género en sus entidades.
La existencia de una ley de referencia hasta ahora no ha generado las condiciones para conectar ley y política pública. Es cierto que hay una ley de referencia, pero al mismo tiempo se verifica una desconexión entre el marco legislativo y la forma en que éste se traduce en términos de programas y acciones en las políticas públicas de cada Estado; esto es preocupante porque no se cumple con los mandatos de ley y solo podría quedar en discurso el tema de género, que eso no es lo deseable.
Por otro lado, explica el informe de la CNDH, que el resultado de la desconexión entre leyes y elaboración de políticas, así como la falta de marcos teóricos de referencia con perspectiva de género, parecen producir programas, talleres, cursos, que son más el resultado de una improvisación que de una posible puesta en marcha coherente de un plan integral para la transversalización de la perspectiva de género en todas las instancias gubernamentales. El que se den talleres de bisutería, de reparar planchas y lavadoras y otras cuestiones que someten y legitiman los estereotipos de la mujer, no ayudan en mucho a la transversalización del tema en las acciones de política pública.
Así la CNDH ha venido ya proponiendo a las entidades a través de sus programas institucionalizados las siguientes acciones: Estructurar las políticas públicas según criterios coherentes a una visión de la igualdad como reequilibrio de las relaciones de poderes entre los géneros en cada campo y fase de la vida; esto es revisar los planteamientos bajo un enfoque de la complejidad y no pensar en la homogenización de los cuerpos; una misma mujer poder ser indígena, pobre, viviendo discapacidad entre otras expresiones, incluso viviendo con VIH/Sida, la diversidad.
Se requiere la construcción de programas a partir de una metodología coherente con la transversalización de la perspectiva de género, partiendo del concepto de que una sociedad realmente igualitaria es una sociedad que influye y coadyuva en la transformación de las relaciones sociales, económicas, culturales y materiales; cuestión que no es sencilla, cuando hay que luchar contra el patriarcado, la neocolonización y el mercantilismo.
Por ello, la CNDH, expresa que la igualdad como fin jurídico ante la ley y yo comento que también ante las oportunidades, por lo que la igualdad debe representar: a) Una cuestión de derechos humanos, que el Estado tiene que promover, respetar, proteger y ejecutar, tal como lo señala el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los documentos universales. b) Una posibilidad para que cada miembro de la sociedad sea capaz de desarrollar sus capacidades de manera autónoma y eficaz, esto es, emancipados para la libertad en la toma de decisiones. c) Una prerrogativa imprescindible para generar un sistema económico y social más justo y equitativo; y yo reitero la importancia de una mejor distribución de la riqueza social y que se evite la diferencia de trato social.
Igualmente, se requiere de diseñar e implementar una metodología seria para monitorear y evaluar cada año las políticas públicas que carecen de eficacia y que carecen de perspectiva de género; y que como sociedad nos indigna derivado de la violencia que vemos que a diario se genera en contra de las mujeres, de las mujeres adultas, de las niñas, de las adolescentes.
OPINIÓN // Una mirada a la igualdad entre mujeres y hombres.
