Héctor Tapia
Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador fuera tajante en decir que la responsabilidad de pagar adeudos a maestros con nómina estatal es responsabilidad del Gobierno de Silvano Aureoles Conejo y que no se aceptarían chantajes al respecto, el secretario de Seguridad Pública del Estado, Juan Bernardo Corona Martínez, a nombre de la administración estatal, en rueda de prensa, insistió en que la solución del conflicto es responsabilidad del gobierno federal.
Ante los medios de comunicación, al enumerar diversas afectaciones que ha dejado el bloqueo a las vías de ferrocarril, el secretario de seguridad pública resaltó que activos de Morena y funcionarios electos han estado alimentando al movimiento magisterial, de manera específica refirió el caso de la alcaldesa de Lázaro Cárdenas, Itzé Camacho Zapiain, y el regidor de esa localidad Felimón Acosta, ambos de extracción morenista, quienes aparecen en un video en el lugar del bloqueo de las vías de ferrocarril.
Juan Bernardo Corona destacó en su mensaje que de acuerdo a la información brindada por el sector empresarial, 8 mil 200 contenedores están varados por el bloqueo a las vías de ferrocarril, y un millón 500 mil toneladas de mercancías están detenidas, afectando a la cadena productiva que depende de estas.
Enumeró que más de 130 corridas de trenes no han podido salir debido a este “reprobable sabotaje de vías”; incluso, apuntó, no han podido salir ferrotanques con gasolina para el interior del estado para abastecer las estaciones de servicio que están a la espera del combustible para abastecer a los ciudadanos, en un contexto de desabasto de la gasolina producto del cierre de los ductos por la lucha contra el huachicoleo que ha emprendido el gobierno federal.
El secretario dijo que de forma paralela el movimiento magisterial ha tomado casetas de autopistas, lo que es –remarcó- “una violación a la Ley del código penal federal, que establece sanciones de hasta 5 años”.
En este sentido hizo un “enérgico llamado” al gobierno de López Obrador “para que intervenga liberando las vías de comunicación, con apego a derecho”; ante esto, dijo, “estamos listos para coadyuvar en las acciones operativas que se determinen para ese objetivo”, y que de haber omisión se lastimaría la confianza en las instituciones.
De la misma forma llamó a que alcaldes de los municipios tomados por los maestros interpongan denuncias correspondientes.
Aquí ironizó con que las alcaldías que “no coinciden” con el grupo político del gobierno de la república no están tomadas por el magisterio.
Las tomas y bloqueos por parte del magisterio, que pide se les pague la primera quincena de enero, y también un adeudo sobre sus prestaciones de fin de año aún pendientes, han afectado a 58 oficinas de rentas del gobierno del estado.
Corona Martínez exigió a “grupos ajenos sacar las manos de estas movilizaciones que generan desestabilización; mientras militantes de un partido político (Morena), incluidas la alcaldesa de Lázaro Cárdenas y un regidor, alentando el bloqueo” en esa localidad.
En este contexto recordó que el 26 de noviembre el gobierno michoacano realizó la devolución de los servicios educativos a la federación, derivado a las “severas afectaciones que venía provocando a la entidad en detrimento a la estabilidad laboral en el estado”.
Con esto remarcó que “con responsabilidad le respondemos (a AMLO) que el pago de la nómina educativa es responsabilidad del gobierno de la república, no del estado”, insistió.
Apuntó que se seguirá trabajando en la mesa conjunta con la Secretaría de Educación Pública del gobierno federal “para encontrar un nuevo esquema de concurrencia, acorde a las capacidades del gobierno del estado”.
Dijo además que el gobierno michoacano está listo “para cumplir con la aportación de 130 millones de pesos, que acordamos la semana pasada con la federación, quien se comprometió a asignar 300 millones de pesos de forma extraordinaria y que desistió”.
En ese sentido dijo que lo planteado por López Obrador de que se destinarían esos recursos sólo por adelanto de participaciones o préstamo, eso “implicaría una violación al presupuesto de egresos autorizado por el Congreso del Estado y generaría graves problemas financieros a la entidad”.