Héctor Tapia
Como parte de los ajustes legales que se han dado a las distintas instituciones encargadas de luchar contra la corrupción en Michoacán, el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán (TJAM) adquirió nuevas atribuciones desde la reforma que se dio en el 2017, donde tiene ya la facultad de sancionar asuntos considerados como graves ligados con actos de corrupción.
Para esto los organismos de control, llámese Auditoría Superior de Michoacán (ASM) y las contralorías, juegan un papel fundamental, porque son los que proveen de la información, resultado de las investigaciones que realizan, para poder librar estos procesos.
Sin embargo, a estas les faltan herramientas para que puedan hacer su trabajo de manera más eficiente y que los resultados puedan observarse de manera más pronta, consideró Sergio Mecino Morales, magistrado presidente del TJAM.
Detalló que Michoacán fue de los primeros estados que conformó a nivel nacional su Sistema Estatal Anticorrupción, cumpliendo con lo que establecieron previamente las correspondientes reformas a nivel nacional.
Antes y después de las reformas
A partir de esas reformas que se dieron el TJAM adquirió la jurisdicción especializada en materia anticorrupción; ahora es la encargada de sancionar las faltas administrativas graves o actos de corrupción cometidos. Para ello se crearon dos magistraturas especializadas en la materia, aunque por la cantidad se está por debajo de la media nacional, por lo que se advierte que el reto es importante para este tribunal, explicó Mecino Morales.
El Tribunal estará sujeto a las investigaciones que realicen los órganos de control, llámese auditorías o contralorías, donde a partir de estas si se advierten responsabilidades el tribunal tendrá un plazo de 60 días para emitir una resolución.
Actualmente al año el TJAM recibe mil 90 asuntos, de diferentes tipos, aunque todavía son la gran mayoría sobre procedimientos previos a la reforma, es decir que se resuelven sólo para definir si se llevaron los procedimientos de manera legal.
En este contexto, Sergio Mecino dijo que sobre los asuntos previos a la reforma del 2017 el tribunal sólo tiene la facultad de conocer de todos los asuntos en vía de legalidad; es decir los relacionados con faltas administrativas, para resolverlas a través del llamado juicio de nulidad, donde sólo revisa, no importa si son graves o no los asuntos, si se respetaron los procedimientos.
Sin embargo, los asuntos que tengan que ver con casos posteriores a la reforma, entran en otro tipo de procedimiento.
Ahora el TJAM, dentro del Sistema Estatal Anticorrupción, es la autoridad que emite la sanciones administrativas, económicas, o puede destituir a funcionarios, o inhabilitarlos; incluso puede aplicar medidas cautelares cuando un funcionario esté en un proceso y se presuma que pueda estar ocultando información que obstaculice la acción de las autoridades, se le puede separar del cargo en tanto se agotan las investigaciones.
Ahora hay una distinción clara entre las acciones graves y no graves, donde el tribunal podrá resolver las graves.
Antes del 2017 el tribunal sólo revisaba aspectos de legalidad; los órganos de control investigaban, y ellos iniciaban instrumentos de sanción, fuera grave o no, y cuando se inconformaban los actores sujetos a revisión y probable sanción estos recurrían a través de un juicio de nulidad ante el TJAM, donde ese sólo revisaba que la resolución estuviera apeada a derecho, y se pronunciaba sobre la legalidad o ilegalidad de la misma.
Ya con la instalación de las salas especializadas, las conductas ya tienen esta distinción; las situaciones consideradas no graves siguen la ruta ante los órganos de control, en tanto que en las graves, “sólo el órgano de control realizará la investigación” donde se analizará si hay una presunta responsabilidad, aquí es donde el Tribunal toma conocimiento del expediente, lo revisará y determinará desahogar las pruebas ofrecidas, señala fecha de alegatos y después emite resoluciones.
En este sentido, el magistrado presidente refirió que sólo ha habido tres casos considerados como graves a partir de la aplicación de estas reformas; estos tres casos están resueltos, uno de ellos aún está en apelación, y sobre los otros dos no se encontraron elementos para sancionar, por lo que fueron desechados.
Auditoria y contralorías, deben fortalecerse
El magistrado presidente del Tribunal de Justicia Administrativa consideró se debe de fortalecer los órganos de control, “son ellos quienes realizan las investigaciones, quienes tienen una excesiva carga de trabajo, y por ello no es humanamente posible atender tantas investigaciones en curso”.
De manera adicional también debe de haber capacitaciones constantes, sobre todo a las contralorías, ya que – explicó- en el caso de las de carácter municipal, estas se renuevan en cada administración, y las capacitaciones que ya se les habían dado a estas áreas, donde se hace uso de recursos públicos, “se pierden”.
Remarcó que se debe apostar a la profesionalización de estas áreas, e incluso ver la forma de que se establezca un Servicio Profesional de Carrera, para garantizar la continuidad en el trabajo de las investigaciones, y con ello también garantizar que no se violenten los procesos y se puedan fincar responsabilidades.
Si hay cambios en cada administración, dijo, esto no permite estabilidad, y “siempre estaremos sujetos a fallas al momento de integrar las violaciones al proceso y que por una violación a un derecho, como es el de audiencia, el tribunal no tiene elementos para entrar de fondo al estudio”.
Dijo que se deben de fortalecer para que tengan más personal, para que desde estos organismos puedan hacer frente a todas las denuncias y dar seguimiento puntual a los hallazgos que se van detectando, como en el caso de la labor que realiza la ASM.
“Muchas veces hay excesiva carga de trabajo que no es humanamente posible atender, los van atendiendo conforme van desahogando”, explicó, y agregó que la Auditoría Superior de Michoacán actualmente revisa carpetas del 2017, y apenas inicia con algunas relativas al 2018, donde quizá una de las razones para este rezago sea la falta de personal.
“Nosotros estamos sujetos al actuar y dependemos la rapidez de los órganos de control, nosotros tenemos muy definidos los plazos”, apuntó, y dijo que “entre más capacidad tengan para investigar, más pronto podríamos ver resultados tangibles”.
Juicios On Line
A partir también de las reformas que se dieron, explicó Sergio Mecino Morales, se establece la aplicación del juicio en línea, para lo cual se iniciará una intensa jornada de capacitaciones dirigidas a autoridades, a barras y colegios de abogados, porque los procedimientos de competencia del tribunal ya se podrán librar a través de la plataforma web.
De acuerdo a lo que informó esta modalidad de juicios comenzarán a aplicarse a partir de julio, por lo que ya deberán estar preparados para atender esta nueva forma.
Para ello, dijo Mecino Morales, ya se tiene la plataforma de internet, aún está a prueba y se le han hecho ajustes; aun así se tiene que dar esta intensa etapa de capacitación y difusión para que también la ciudadanía conozca cómo es que funcionará esta modalidad.
