Por: Humberto Urquiza Martínez, Consejero Electoral en el IEM
Con el objetivo de tener la mayor cantidad de elementos para el análisis relativo a la posible reforma electoral que se ha discutido y se sigue discutiendo en diversas instancias, entre ellas, la mediática, es pertinente mostrar otro lado del efecto que podría tener, aquella posible modificación relativa a la desaparición de los Institutos electorales locales.
Es así, que a partir del argumento enfocado a la vulneración de derechos humanos por desaparecer las garantías instituciones (institutos Electorales Locales) encargadas de cumplir con las obligaciones necesarias que permitan el cumplimiento de las expectativas (derechos políticos y de participación ciudadana en lo local), existen otros elementos discursivos que, sin duda, deberán de tomarse en cuenta en el análisis, entre ellos, la posición que tendrían los partidos políticos frente a la inexistencia de dicha garantía institucionales. Ello en tanto, los institutos políticos nacionales e inclusive los estatales, son producto de una realidad local y que al final del día, se presentan como organizaciones de ciudadanos que ejercen sus derechos de participación y asociación política, pero que además, ya constituidos como instituciones políticas, tienen y cuentan con prerrogativas que, en local, se tienen que hacer valer por conductos e instancias locales. Una de ellas, es la del financiamiento público local, mismo que a partir de la idea de la modificación al sistema de instituciones electorales, generaría un caos administrativo para la entrega de la prerrogativa económica e inclusive, podría significarse la extinción de dicho beneficio, que sin lugar a dudas, modificaría el sistema de partidos políticos, en tanto, el sistema de partidos mexicano y por tanto, en cada entidad federativa, es un modelo en el que los partidos cuentan con estructuras permanentes (burocracias) que más allá de su papel como intermediario en el acceso al poder de los ciudadanos, se han convertido en un actor político, más allá de su naturaleza electoral, que les permite intervenir en decisiones institucionales fuera de proceso electoral y como parte de la dinámica política.
Es así, que la existencia de las organizaciones políticas en cada entidad federativa, depende, en gran medida, no sólo de su estructura política, sino de los recursos económicos que tienen, mismos que son de carácter fiscal y por tanto, su garantía de ejecución se hace por conducto del órgano electoral administrativo. La extinción de dicha autoridad electoral, llevaría a un debate y reto importante, que pasaría por las siguientes preguntas:
- ¿Se debe de mantener el financiamiento público a los partidos políticos en cada Estado?
- ¿Deben de existir los partidos de naturaleza estatal?
- De mantenerse el financiamiento público, ¿Qué instancia sería la competente para entregarla?, ¿El órgano nacional (INE) o directamente el área de Finanzas del Ejecutivo cada Estado, o el Congreso Local?
Estas serán preguntas cuya respuestas deben de ser la materia prima para el análisis integral de una reforma electoral, que contenga la variable de la pertinencia de mantener o no al órgano electoral local.
