Redacción
En Michoacán se dará certidumbre a los requisitos establecidos por Ley para poder ser comisionado del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de datos Personales (IMAIP) y acabar con las contradicciones legales que existen en la materia, luego de que el Pleno de la LXXIV Legislatura Local en el Congreso del Estado avaló la iniciativa presentada por la diputada Lucila Martínez Manríquez y su homólogo Oscar Escobar.
La diputada local resaltó que era necesario reformar la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado, con el objetivo de clarificar los requisitos establecidos para ser comisionado, y evitar así posibles querellas legales para el Congreso en los procesos de definición.
Lucila Martínez dijo que “varios de los requisitos previstos en la Ley no son congruentes con lo mandatado por la Constitución, de ahí la necesidad imperante de armonizar la norma de manera congruente, toda vez que la misma, establece que para ser comisionado se debe contar con tres años de residencia en el Estado, no obstante, la Constitución únicamente prevé dos años el tiempo de residencia”.
Otra inconsistencia que se subsana era lo relacionado a la posibilidad de la reelección de los comisionados, ya que sin bien la Ley establece que pueden hacerlo en una ocasión, también establece como impedimento para ser designado comisionado el haber presidido alguno de los organismos autónomos previstos en la Constitución del Estado.
“Esto era necesario ya que resultaba incongruente con lo dispuesto por artículos expuestos en la misma ley, lo que en determinado caso abre la puerta para que el Congreso del Estado se vea envuelto en procesos jurídicos, gracias a esta contradicción legislativa”.
La legisladora Lucila Martínez añadió que con lo aprobado también se ajusta la redacción en donde se establecen los requisitos para poder ser designado como comisionado, con el propósito de tener un mejor entendimiento y congruencia, así como ser más ecuánime respecto de quienes, por haber desempeñado un determinado cargo, no estarían en posibilidad de ser considerados al cargo, “con lo que estaríamos evitando procesos legales que obstruyan el trabajo del Instituto y demeriten nuestra capacidad de legislar de manera adecuada”.
