Redacción
-Vendettas personalísimas, ajuste de cuentas o cacería de brujas no deben tener cabida en la acción del Sistema
El Combate a la corrupción en México, debe enmarcarse dentro de nuestro Sistema Nacional Anticorrupción para garantizar procesos apegados a derecho, y no vendettas que atiendan a criterios políticos o personales, apuntó la diputada Araceli Saucedo Reyes, coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado.
La legisladora por el Distrito de Pátzcuaro recordó que desde 2015 nuestro país ha trabajado primero en la creación y puesta en marcha, y luego en la operación y perfeccionamiento de un Sistema Nacional que combate uno de los más grandes flagelos en México que es el de la corrupción, para lo cual se han creado normas y organismos que través acciones apegadas a derecho combaten esto que era catalogado ya como una pandemia nacional.
“Las estimaciones de los organismos internacionales reportaban que para los hogares con ingresos de hasta un salario mínimo, la corrupción en México representaba el 33 por ciento del total”.
Araceli Saucedo Reyes apuntó que toda acción que combata la corrupción es positiva, pero recordó que en el caso de las autoridades toda medida debe circunscribirse a nuestro marco legal, pues acciones fuera de la norma entrañan en sí mismas una naturaleza corruptora contraria a lo que se pretende combatir.
Por ello consideró que el Gobierno Federal debe actuar con estricto apego a la norma jurídica en los casos que ha venido ventilando sobre actos de corrupción de figuras públicas, evitando que una querella basada en el fuero personal genere procesos mal fundamentados o construidos con premura y que a futuro se caigan e impidan ser retomados.
Recordó que el Sistema Nacional Anticorrupción se conforma por siete piezas que articulan su Comité Coordinador: el Comité de Participación Ciudadana, el Consejo de la Judicatura, el Instituto Nacional de Acceso a la Información, la Fiscalía Anticorrupción, la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública, y el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa.
“Las entidades de la República participamos también en este Sistema Nacional, a través de nuestros Sistemas Estatales Anticorrupción los que, tienen una conformación similar a la nacional para operar”.
Es así como la legisladora refirió que México cuenta con una estructura institucional que se ha venido fortaleciendo para el combate a la corrupción, por lo que es obligación de las autoridades propiciar que ésta se fortalezca y cumpla sus responsabilidades, y no debilitarla con acciones paralelas que, además pueden poner en riesgo el correcto desarrollo de los casos que se pretenden resolver.
