Por Oscar Carbajal Pérez
¿O no conocen la ley o les viene valiendo? No puedo encontrar alguna otra manera de mencionar esto con lo que en el Senado de la República se reparten sombrerazos y mentadas al por mayor este día, ya se turnó, ya será la comisión de gobernación quien decidirá sobre la desaparición de poderes en Guanajuato, Tamaulipas y Veracruz, pero, ¿Dónde quedó lo que mandata la constitución?
Es bueno recordar lo que estableció Sartori en su obra “Ingeniería Constitucional”, misma en la que nos deja como enseñanza qué, las constituciones deben construir mecanismos que funcionen y produzcan algo, y para ello es indispensable que se empleen castigos y recompensas; además de establecer que las constituciones deben funcionar como se supone deben funcionar, con la finalidad de alcanzar buenos gobiernos, ya que las constituciones no realizan milagros, pero será difícil tener un buen gobierno sin un buen instrumento.
De acuerdo a lo establecido por la Constitución General del país, en el artículo 76 base V, se establece qué, el Senado será quien determine que se ha configurado la desaparición de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial de un Estado y hará la declaratoria de que debe nombrarse un gobernador provisional.
Resulta curioso el que hoy en el Senado de la República se esté solicitando la desaparición de poderes de los estados de Veracruz, Guanajuato y Tamaulipas, toda vez que los argumentos son: El incremento de la inseguridad y la falta de gobernabilidad; así fue esto, MORENA solicitó la desaparición de poderes de Guanajuato y Tamaulipas, a lo que el PAN respondió solicitando lo mismo en el estado de Veracruz, ahora sí de manera formal.
Pero bueno, ¿Quién les dijo que considerar que la inseguridad va a la alta, es razón para poder desaparecer poderes en las entidades federativas? Porque si retomamos lo que se establece en la constitución, así como en las leyes reglamentarias, quienes pueden solicitar dicha desaparición de poderes son los Senadores y Diputados Federales emanados de estos Estados, así como ciudadanos de las mismas entidades federativas, a lo que se desconoce aún la solicitud tal y como lo plantea la ley reglamentaria de la fracción V del artículo 76 Constitucional; la ingeniería constitucional no se ve reflejada aquí, nos enfrentamos ante la inconstitucionalidad de un acto como la solicitud de la desaparición de poderes.
Aquí es donde seguimos con el análisis de lo que están haciendo en el Senado de la República, es decir, el artículo 76 base V, tiene su propia reglamentación, la cual en el artículo 2 de dicha ley reglamentaria, establece cuales son las causales por las que se hará valida la desaparición de poderes y en ninguna de estas cinco encuadra el “La inseguridad ha aumentado”, ni por interpretación, ni a pie de letra, como aquí podemos verlo:
I.- Quebrantaren los principios del régimen federal.
II.- Abandonaren el ejercicio de sus funciones, a no ser que medie causa de fuerza mayor.
III.- Estuvieren imposibilitados físicamente para el ejercicio de las funciones inherentes a sus cargos o con motivo de situaciones o conflictos causados o propiciados por ellos mismos, que afecten la vida del Estado, impidiendo la plena vigencia del orden jurídico.
IV.- Prorrogaren su permanencia en sus cargos después de fenecido el período para el que fueron electos o nombrados y no se hubieran celebrado elecciones para elegir a los nuevos titulares.
V.- Promovieren o adoptaren forma de gobierno o base de organización política distintas de las fijadas en los artículos 40 y 115 de la Constitución General de la República.
Como lo podemos ver, en ninguno de los supuestos anteriores encuadra el argumento por el cual se busca hacer valido el artículo 76 fracción V de la Constitución, lo que se puede señalar como inconstitucional.
Otro de los hechos relevantes dentro de la desaparición de poderes es, lo concerniente a que la Constitución marca que será nombrado un gobernador interino, el cual será emanado de acuerdo a la terna que proponga el presidente de la república, sí, el presidente López será quien en dado caso proponga a quien puede ser el Gobernador interino de Guanajuato, Veracruz y Tamaulipas hasta que se convoque a elecciones; esto parecería una lucha por acabar con las fuerzas de la oposición, teniendo en cuenta que Guanajuato es gobernado por el PAN, al igual que Tamaulipas, además de que en este último tiene la mayoría absoluta en el Congreso del Estado.
El tema de la inseguridad no me basta para creer dicha solicitud, ya que de ser así, sería urgente atender otros estados con mucho más índice de inseguridad y es que de acuerdo a los datos que arroja el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Edomex, CDMX y Jalisco, reportan más inseguridad que Guanajuato, Tamaulipas y Veracruz (aquí hago un paréntesis para decir que no, la gente no está feliz y de nuevo la inseguridad subió y está registrado), de acuerdo a lo establecido en la página oficial con el corte de 31 de agosto de 2019.
Abordando aún más en el tema de inseguridad, los datos oficiales registrados por la Secretaria Nacional de Seguridad Pública, demuestran que Tamaulipas no está ni en los primeros cinco lugares con mayor índice delictivo en el país, lo cual nos lleva a seguir cuestionándonos la razón de la búsqueda desesperada por desplazar los poderes en dicha entidad federativa.
Lo que está sucediendo en el Senado de la República, es un desconocimiento a la Constitución, una vez más, la búsqueda por excusar acciones que han sido motivo de eco y molestia en la sociedad, así como el tener en cuenta que no existe un verdadero programa para combatir la inseguridad y poder trabajar en conjunto federación con estados, más allá del “fuchi” y “guacala”; el Senado de la República tiene en sus manos hoy, la decisión de ofrecerle a la ciudadanía paz con acciones que de verdad convenzan en tema de seguridad o generar inestabilidad con revanchismos políticos.
