Por: Humberto Urquiza Martínez
Durante los últimos años el sistema electoral se ha enfocado en tener claridad de que los votos que se obtienen son de aquellas personas que tienen el derecho para hacerlo y que la mayoría de esos votos se emitieron para el candidato ganador. Objetivo que se ha logrado y en el que las diversas instituciones electorales han podido tener éxito.
A partir de ello, todas las funciones institucionales se han centrado en cumplir con la certeza en la materialización de aquel objetivo, para lo cual se cuentan con diversas herramientas como un listado nominal creíble, urnas y mamparas que garantizan que el voto sea personal, directo y secreto, así como avalar que los votos emitidos se cuenten bien y con ello se puedan hacer los cómputos municipales, distritales y estatales, todo ello permite dar plena certeza para quien obtuvo el triunfo.
Sin embargo, la confiabilidad de los procesos electorales no solamente requiere de la certeza en quién vota y quién obtiene el mayor número de ellos, si no que necesita de un fortalecimiento institucional, para lo cual, la autonomía ha sido un elemento constitucionalmente determinante en el diseño de instituciones electorales que, al tomar decisiones, no estén viciadas por la intromisión de agentes externos que tienen intereses por desvirtuar los actos electorales.
En tanto las acciones de los órganos electorales tienen un objetivo central, consistente en garantizar la elección de una persona o grupo de personas que al obtener la mayoría de votos puedan ejercer el poder de las instituciones públicas cuya integración depende de las elecciones, por lo que, la naturaleza de los órganos electorales se centra en el poder público, razón que los hace atractivos para diversos actores externos que pretenden influir en las decisiones electorales.
Los ejemplos pueden ser diversos, y no solamente se pueden encontrar en aquellos que son los actores principales en la lucha por el poder, como son los partidos políticos o los representantes populares, sino también de algunas instituciones que tienen en sus atribuciones generar certeza en los procesos políticos y que producto de sus atribuciones, confunden la legalidad con la visión particular del trabajo institucional.
Es por ello, que el sentido de los sistemas y procesos electorales, así como de las instituciones públicas cuyas decisiones inciden en los actos electorales, deben enfocarse en garantizar la credibilidad a partir de la autonomía, pero también del respeto de las atribuciones de cada órgano público, como condición para lograr la credibilidad política.
Para lograr lo anterior, es indispensable y necesario una legislación acorde, pero sobre todo, resulta fundamental que los servidores públicos de las instituciones entiendan que la visión de los órganos que representan está más allá de los intereses personales o peor aun de las visiones privadas que se puedan tener en el cumplimiento de las atribuciones de cada uno de esos órganos. Alcanzar ese umbral de cultura política y funcionamiento institucional generará la credibilidad en los procesos electorales, más allá de los propios resultados que se obtenga, con lo que se logrará mayor solidez en la legitimidad democrática.
