Por: Jorge Luis Hernández[1]
En democracia, las instituciones son los mecanismos para la resolución y acuerdo de las diferencias. Por eso, su integración debe reflejar a la sociedad y, en consecuencia, se piensa a los Legislativos para designarlos. Morena olvida que es la primera fuerza, la fuerza mayoritaria, pero no la única; al imponerse erosiona a las instituciones y la misma democracia.
Empecemos por lo básico, la construcción del Estado moderno descansa sobre un principio fundamental, el de legalidad, según el cual las autoridades sólo pueden hacer aquello para lo que expresamente les facultan las leyes, en el entendido de que éstas, a su vez, constituyen la manifestación de la voluntad general.
Por eso, los actos de autoridad están sometidos a la revisión de las instancias judiciales, quienes observan que los procedimientos de los servidores públicos efectivamente estén sustentados en ley y hayan seguido el procedimiento jurídico señalado.
Además de actuar conforme a derecho, los servidores públicos tienen una obligación política con los principios constitucionales del país, expresados en su constitución, entre ellos la democracia y las instituciones que representan este principio.
Con la votación, y confirmación de Rosario Piedra Ibarra como presidenta de la CNDH, el Senado se ha colocado en la primera línea de ataque a la democracia y sus instituciones. En primer lugar, por la designación de una militante partidista y cercana, ideológica y personalmente, al Poder Ejecutivo; pues, más allá de sus evidentes méritos y trayectoria en búsqueda de la justicia desde la perspectiva de las víctimas, su afinidad al proyecto político hegemónico compromete la labor de un organismo autónomo de primer orden y choca con los requisitos impuestos por la Ley de la CNDH.
Pero, incluso aceptando que Piedra Ibarra desempeñará un buen papel, el segundo punto es aún más grave y atenta aún más contra su futura gestión: el fraude a la ley cometido por el Senado en el proceso de designación. Es decir, se documentó que la votación del 7 de noviembre presentó irregularidades, expresadas en la falta de dos votos en la suma final (dos votos que parecen una nimiedad, pero que fueron la diferencia en el cálculo para alcanzar la mayoría calificada [2/3 de los senadores presentes] impuesta por la ley).
El escándalo fue tal que el coordinador morenista, Ricardo Monreal, ofreció (magnánimamente) la reposición del proceso. Al final, se trató simplemente de un acto de distracción, pues resulta que los Senadores no acompañaron la propuesta del Senador (inserte sorpresa grabada), confirmándose así la presidencia de la CNDH para la militante de Morena.
Seamos claros, las instituciones de la democracia están pensadas para contener al poder público; así fue en el caso de México, en el que los organismos autónomos se crearon para arrebatarle espacios y vigilar a un poder hegemónico. No es gratuito que sean precisamente los Derechos Humanos y la organización electoral los primeros organismos constitucionalmente autónomos del país y que precisamente ellos hayan contribuido al desarrollo de un sistema democrático.
Más allá de lo cuestionable que es promover a militantes, acción legal si consiguen los votos necesarios (principio de representación) y se ciñen a los procedimientos; lo que no es válido y, por el contrario, se convierte en peligroso es que acudan a chicanadas para terminar imponiendo sus preferencias. El Senado es ahora una casa en la que la imposición de los objetivos de grupo están sobre todo, incluso sobre las normas.
Nadie gana con este
proceso viciado, ni siquiera Rosario Piedra quien, a mi juicio, no merece el
enrarecido proceso al que le han conducido sus detractores. Sí perdemos todos
aquellos que creemos que la democracia y sus instituciones son un bien
innegociable, no porque sean perfectas sino porque la única forma de mejorarlas
es a través de la ley y no encima de ella.
[1] Jorge Luis Hernández es consultor político, cuenta con estudios en Ciencia Política y Derecho Constitucional. @HernandezJorge
