Héctor Tapia
Conforme pasan los años, y hay mayor acceso a la información, se democratizan poco a poco la toma de decisiones, a fuerza de presiones de la sociedad civil organizada, pero aún hay prácticas en los Poderes que prevalecen, se aferran, y se resisten a desaparecer, y son principalmente el reparto de espacios por cuotas político partidarias.
Entonces, aun cuando se asevera que los espacios al frente o al interior de organismos públicos desconcentrados, que en la teoría se asevera son y deben ser independientes y autónomos de intereses político partidarios, la realidad es que la gran mayoría, por no decir que todos, son el centro de batallas de fuerzas políticas, y de la sumatoria de estas para imponerse sobre otros. Cuestión de números, de acuerdos y de intereses. De reparto acordado de espacios.
Por tanto, estos procesos de selección y renovación de espacios se convierten en procesos simulados.
Simular, dice la Real Academia Española de la lengua, es “representar algo, fingiendo o imitando lo que no es”.
En el caso del Congreso del Estado la simulación estriba en que las posiciones en organismos públicos se definen a partir de disputas entre grupos parlamentarios, de partidos, y no a partir de las voces, opiniones, perspectivas establecidas a partir de criterios elaborados por otros organismos u organizaciones especializadas, por especialistas en la materia, asociaciones civiles, por universidades.
Nadie pone en duda lo calificado que puedan estar algunos que han sido designados o electos, o que vayan a ser designados en lo futuro, para ciertos espacios. No. Ese no es el tema central del análisis.
La duda, siempre, es en función de los procesos de selección, de auscultación, de evaluación, sobre los perfiles que avanzan en el proceso selectivo, y finalmente sobre quiénes son definidos por los diputados.
Es cierto, así están las reglas, avaladas por los mismos diputados y aceptadas por quienes contienden por ciertos espacios; llámese Fiscalía General, Fiscal Anticorrupción, Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal Anticorrupción, magistraturas, que ya se concretaron, o Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), Auditoría Superior de Michoacán (ASM), que están por definirse.
En los pasillos del Congreso se escucha “le toca a Morena”, “le toca al PRI”, “le toca al PAN”, “no, al PRD”, son de esos secretos a voces que se acallan con declaraciones institucionales de parte de los diputados que repiten lo mismo: “se elegirá al mejor para Michoacán”.
La simulación estriba no en las personas electas o por definirse, sino en los procedimientos del Congreso, y en el desaseo en que caen estos procesos, que dejan cuestionados –antes de que se concreten los relevos- el papel que habrán de jugar estos actores.
¿No será momento de que los diputados “suelten” la definición de estos espacios a las organizaciones civiles, a la sociedad civil organizada y a las universidades? O, ¿tienen miedo a perder la rectoría sobre organismos públicos que manejan información sobre ellos y el desempeño que tienen?.
